La emboscada, el desgaste militar y los derechos humanos
23 días de los hechos de Culiacán, Sinaloa, en los que según la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un convoy militar fue emboscado por un grupo armado con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos, no existen datos periciales, de balística ni criminológicos de una autoridad competente que permitan saber qué ocurrió y cómo, ni quiénes fueron los atacantes y cuál fue el móvil.
Si bien el pasado 22 de octubre, en presencia del comandante de la novena Zona Militar, general Rogelio Terán, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas Chávez, aseveró que se tiene “claramente establecido el móvil, la cadena de decisiones y acciones ilícitas que motivaron la emboscada”, así como “el número de delincuentes que participaron y a qué organización pertenecen”, se reservó nombres y motivos. Asimismo, dijo que hay “varias personas” detenidas, pero no especificó cuántas ni quiénes son. Por lo que desde el punto de vista informativo no aportó ningún dato nuevo y todo queda sujeto a la especulación.
No obstante, a partir de un video filtrado a un medio televisivo por mandos castrenses, sobre un evento anterior en el poblado de Bacacoragua, municipio de Badiraguato, donde se observa a dos soldados que asisten a una persona herida (que en el relato de la Sedena y la PGR es identificada como Julio Óscar Ortiz Vega, presunto delincuente), se construyó y desencadenó toda una trama, que, con base en un encendido discurso del titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos −quien definió el ataque como “alevoso” y “cobarde” y a los ejecutores de la emboscada como “enfermos, insanos, bestias criminales”−, llevó a un grupo de columnistas de Estado a impulsar una campaña de intoxicación mediática con una matriz de opinión que puso el acento en el “hartazgo” y el “fastidio” castrense, la “sordera civil” y el supuesto “abandono” en que se tiene al Ejército. Lo que sumado al “desgaste” del instituto armado, descrito en un discurso posterior del jefe de la Sedena, “puso” en la agenda político-parlamentaria la necesidad de regular ya la intervención militar en tareas de seguridad pública.
La sucesión de hechos en apariencia inconexos: la emboscada, el malestar castrense, el renovado patriotismo de los formadores de “opinión pública” y la consecuente “necesidad” de una nueva legislación sobre seguridad interior, el estado de excepción (o de emergencia) con suspensión de derechos humanos y garantías, y la prolongación de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública (o policiales) que lleva ya 10 años, tiene en su origen algunos puntos oscuros.
El evento de Badiraguato, la construcción narrativa sobre el enigmático y elusivo “alias Kevin” (Julio Óscar Ortiz Vega, supuestamente rescatado por las “bestias criminales”), quien vestía un uniforme similar al de los dos soldados que presuntamente le “salvan” la vida en el video y con quienes sostiene un diálogo inusual (por “humanitario”) entre un delincuente y elementos del Ejército tras un enfrentamiento −mismos que además después murieron en una emboscada de precisión militar que rompe la tendencia y el modus operandi−, con todo y su dramatismo real o ficticio, puede ser una cortina de humo (la fabricación de una noticia que cause el impacto esperado desplazando a la anterior) para pasar a una nueva fase de militarización del país, en momentos en que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil demandan al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con las 14 recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, y se adopte un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.