Denuncia Congreso venezolano la “ruptura del orden constitucional”
El presidente, desde Arabia Saudita, declara: “los espero a todos en la mesa de diálogo” Diputados abrirán este martes un proceso contra Maduro por su presunta doble nacionalidad
El acuerdo –que señala que al suspenderse la recolección de firmas para convocar al referendo por órdenes de tribunales penales se arrebató a los venezolanos el derecho a revocar el mandato del gobierno mediante los votos– elevó la confrontación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La declaración advierte de la presunta doble nacionalidad de Maduro, quien según sus detractores nació en Colombia.
La Asamblea Nacional exigió a la fuerza armada “no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución”.
Los diputados convocaron a una sesión este martes, que iniciará un proceso para “determinar la situación constitucional del presidente” al considerar que si tiene doble nacionalidad quedaría inhabilitado para ejercer el cargo.
Antes de votar la declaración, simpatizantes del gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo e interrumpieron la sesión a los gritos. Los chavistas llevaban camisetas rojas, el símbolo del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela. Un tumulto paralizó la sesión cuando el primer vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, pronunciaba un duro discurso contra el gobierno.
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea, calificó de “delictiva” la entrada de personas ajenas a la Asamblea y exigió que fueran desalojadas del edificio, frente al cual miles de chavistas se manifestaban.
Algunos llegaron hasta la parte superior del salón, donde están las sillas de los tres directivos de la Asamblea, hasta que un grupo de soldados los desalojó. El saldo fue de dos heridos.
Tras el desalojo continuó la sesión.
La declaración “por la restitución del orden constitucional” sorprendió a Maduro en Arabia Saudita, en el curso de una gira en busca de acuerdos para recuperar el precio del barril de petróleo, y para cuya ausencia no solicitó autorización al Legislativo.
Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, denunció que la oposición hizo un intento “erróneo” de copiar el “golpe de Estado” en Brasil que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.
“Nos han hecho perder el tiempo hoy. Es un intento burdo de copiar el golpe de Estado en Brasil. En Venezuela no hay condiciones para que ellos impongan un golpe, aquí se va a imponer la democracia, la paz y la Constitución”, alegó.
Rodríguez también llevó un mensaje del mandatario a los diputados opositores: “diles que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos”.
Borges, jefe de la bancada de la oposición, propuso la declaración en la que pidió proclamar la rebelión de la Asamblea Nacional tras la “ruptura” constitucional.
“En Venezuela se viene dando un golpe de Estado continuado que culminó al robarle el voto al referendo revocatorio”, señaló.
El jueves pasado el CNE decidió suspender hasta nuevo aviso la recolección de firmas para activar el referendo, cuando la oposición se preparaba para reunir, la próxima semana, al menos 4 millones de rúbricas de electores, o 20 por ciento del padrón electoral.
El CNE dijo que acataba órdenes de varios tribunales penales que admitieron las denuncias de un supuesto fraude de la oposición con las firmas recolectadas y validadas entre abril y junio para solicitar el referendo.
La decisión eliminó la posibilidad de que se celebre antes del 10 de enero de 2017 el plebiscito contra Maduro. De realizarse el referendo luego de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro lo que aseguraría la permanencia del chavismo en el poder hasta 2019.
Los diputados opositores acusaron a las rectoras del CNE de parcialidad política para favorecer al gobierno. Igualmente dijeron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un defensor de Maduro, lo que provocó que el Parlamento también decidiera “proceder de manera inmediata” al remplazo de las autoridades del CNE y del TSJ.
Hace dos meses, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus actos son considerados nulos.
La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en Venezuela, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el Fondo Monetario Internacional calcula en 475 por ciento para 2016.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, con una impopularidad de 76.5 por ciento, según la firma Datanálisis.