Vidulfo Rosales: ex jefe policiaco dice no saber del paradero de normalistas
Legisladores ignoran demanda de padres de los 43 estudiantes
La comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó ayer sin respuesta la pregunta de los padres de las víctimas: “¿qué día llegamos al pleno? ¿A qué hora nos presentamos?”
Ayer una representación de los padres, que mantienen un plantón afuera de la Cámara de Diputados, logró entrar al recinto legislativo y anunciaron que permanecerán ahí hasta que les permitan utilizar la tribuna.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos realizaron un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en la lateral de Paseo de la Reforma. Ahí, Vidulfo Rosales, abogado de ellos, reveló que de acuerdo con versiones proporcionadas por personal de la PGR, en sus primeras declaraciones tras ser detenido, Felipe Flores, ex jefe policiaco de Iguala, dijo “no saber nada” del paradero de los estudiantes y negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
Incluso, el abogado mencionó que en su declaración preparato- ria dijo que en esas horas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “estuvo encerrado en sus oficinas” de la comandancia de policía, y que tras los hechos de hace dos años puso a disposición de las autoridades a varios de sus elementos para ser investigados.
En este sentido, el litigante pidió a las autoridades que sigan investigando al ex jefe policiaco de Iguala, a fin de que aporte pruebas sobre lo ocurrido. “Por eso estamos aquí, para pedir que se siga indagando en este punto y en el caso de Tomas Zerón”, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, acusado de obstruir las pesquisas.
Por otra parte, ante el silencio de la comisión legislativa especial, Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas, dijo a los integrantes: “Ya nos conocimos, pero no podemos quedarnos sólo en eso; si están con nosotros, demuéstrenlo”. representantes con el gobierno mexicano, el cual primero se negó a ampliar el mandato del GIEI y, posteriormente, se resistía a aceptar un mecanismo con amplias atribuciones para dar seguimiento el caso y a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, advierten organizaciones civiles.
Gil Botero cuenta con el apoyo de especialistas técnicos de la secretaría ejecutiva de la comisión. En esta primera ocasión también estará el presidente de dicho organismo, James Cavallaro, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrão.
Dentro de este plan “también se establecerá la frecuencia con que se pretende realizar las visitas regulares a México y por el tiempo que resulte necesario para la labor del mecanismo”, señala un reporte de la CIDH, distribuido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, instancia que representa legalmente a los padres de los jóvenes desaparecidos.
El comisionado será recibido por autoridades, las cuales le informarán de los avances en las investigaciones, las acciones de búsqueda y la atención a las víctimas; igualmente, Gil Botero se reunirá con los familiares de los estudiantes y sus representantes.
“El gobierno de la República reafirma su compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad en el presente caso, la atención a las víctimas, así como con la promoción y protección de los derechos humanos en México”, indicó en un comunicado.