Indemnizarán a militar herido en Tlatlaya
El único militar que resultó herido en los hechos de Tlatlaya, en el estado de México, el 30 de junio de 2014, donde murieron 22 civiles a manos de las fuerzas armadas, tendrá acceso a la reparación del daño y a una compensación económica del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Esta resolución fue tomada por los tres comisionados que quedan de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin que exista de por medio una sentencia judicial ejecutoriada o una declaratoria de víctima, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Además, la reparación del daño, que también beneficia a los familiares de la víctima, se da aun cuando el probable responsable de haber atacado al militar falleció durante los hechos ocurridos en una bodega en la localidad de Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
Hay que recordar que en el primer reporte militar que dio cuenta de esos hechos, el Ejército informó de un enfrentamiento con presuntos miembros del crimen organizado, donde habían sido abatidos 22 civiles, presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, y en el que un militar resultó herido.
Actuación del Ejército
Sin embargo, con declaraciones posteriores de varios sobrevivientes, se supo que al menos parte de este grupo de civiles habían sido ejecutados por elementos del Ejército mexicano.
En este sentido, el 21 de octubre de ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 51/2014, señala que resultado de su investigación se podrían acreditar que de los 22 civiles muertos, entre 12 y 15 de ellos fueron ejecutados de manera arbitraria. Hasta el momento no hay un solo militar en prisión por estos hechos.
Los ocho militares que en algún momento fueron detenidos quedaron libres por una orden judicial, alegándose que no se puede comprobar su participación en los hechos.
“La no aplicación de la compensación sólo trae perjuicio y agravio a la víctima y sus familiares, al negar el acceso a la protección establecida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos” destacó el comisionado presidente de la CEAV, Julio Hernández Barros, al término de la sesión donde se aprobó dicha resolución.