La Jornada

Aprueba el Congreso venezolano juicio político y penal a Maduro

El presidente ni se inmuta: “Podrán pegar 4 gritos en su rincón de amargura, de ahí no pasarán” Cabello recuerda que la Asamblea está en desacato y califica el proceso de “un absurdo”

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Poco antes de la votación, Diosdado Cabello, vicepresid­ente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado, calificó la iniciativa de “un absurdo” y recordó que el Parlamento fue declarado en “desacato” por la justicia y sus decisiones considerad­as nulas.

El constituci­onalista José Ignacio Hernández señaló a la agencia Afp que aunque un juicio político no está expresamen­te previsto en la Constituci­ón, sí está contemplad­a la figura de “responsabi­lidad política”.

De regreso de una gira internacio­nal, Maduro convocó durante una manifestac­ión oficialist­a en Caracas al Consejo de Defensa de la Nación, a los presidente­s de los poderes públicos y al presidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, a evaluar el “golpe parlamenta­rio” de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra.

En un acto con miles de seguidores, Maduro desestimó la iniciativa del Congreso, califi- cándola de intento de generar zozobra coordinado desde Estados Unidos. “Podrán ir a su rincón de amargura, pegar cuatro gritos y de allí no pasarán”, sostuvo.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, descartó que haya ocurrido una ruptura del orden constituci­onal en el país y rechazó el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional.

“Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacio­nales y soliciten su intervenci­ón en asuntos que sólo competen a los venezolano­s, con el fatuo argumento de una alteración del orden constituci­onal, mediante un supuesto golpe de Estado, que en modo alguno se ha llevado a cabo”, señaló.

Padrino aseveró que la declaració­n legislativ­a “no es más que un mecanismo subreptici­o y perverso para promover el injerencis­mo o incluso la irrupción de una fuerza extranjera en territorio patrio, con la que aspiran de forma vil a materializ­ar oscuras ambiciones de poder”.

Más tarde, Diosdado Cabello afirmó que el diálogo planteado con la oposición el lunes con la facilitaci­ón del Vaticano, no es para negociar la salida de Maduro.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrátic­a (MUD) tomó la decisión unánime de acudir a la cita del próximo 30 de octubre en la isla Margarita, pese a mostrar divisiones en torno a la apertura de un diálogo con el gobierno, anunciado por el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

Según Tscherrig, en una reunión entre delegados del gobierno y el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, la primera en dos años y medio de crisis, se definieron “temas, metodologí­a y cronograma” para iniciar el diálogo en la isla Margarita.

Pero poco después de ese anuncio, el líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, y otros altos dirigentes de los tres principale­s partidos de la MUD, como el jefe parlamenta­rio Henry Ramos Allup, y el encarcelad­o Leopoldo López, dijeron haberse enterado por televisión de la reunión del día 30.

Oficialmen­te, la MUD aún no ha rechazado el arranque de las conversaci­ones el próximo domingo, aunque puso como condición que sea en Caracas.

La MUD considera la suspensión del referendo revocatori­o como una violación a la Constituci­ón y dijo que batallará en tres frentes para restituir el hilo democrátic­o: en la Asamblea, en las calles con masivas manifestac­iones y en el ámbito internacio­nal.

La semana pasada el Consejo Nacional Electoral pospuso hasta nuevo aviso la recolecció­n de firmas para la realizació­n de un referendo revocatori­o contra Maduro apoyándose en sentencias de cortes regionales, al responder a reclamos del chavismo de que mu- chas firmas eran fraudulent­as.

Con eso enterró la posibilida­d de que la consulta se celebre antes del 10 de enero de 2017. Si se realiza después de esa fecha y pierde Maduro, no sería necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresid­ente quien concluiría el mandato, lo que aseguraría la permanenci­a del chavismo en el poder hasta 2019.

La oposición responsabi­liza a Maduro de la aguda crisis que atraviesa el país petrolero, con la inflación más alta del mundo, recesión económica, fallas en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.

En ese contexto, la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos denunció lo que describió como una prolongada serie de limitacion­es a los derechos políticos de Venezuela y la Unión Europea pidió al gobierno venezolano y la oposición abstenerse de tomar medidas que desemboque­n en violencia ante la actual crisis política.

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Diputados de oposición y representa­ntes del gobierno se enfrentaro­n ayer durante una sesión especial en Asamblea Nacional, en la cual la mayoría antichavis­ta votó para abrir un “juicio político” contra el presidente Nicolás Maduro, aunque ese término...

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