Se adhieren 23 entidades del país al plan de Gobierno Abierto y Transparencia
De ellas, 13 ya cuentan con un secretariado técnico
La iniciativa de Gobierno Abierto, impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tiene por finalidad involucrar a las entidades federativas y sus poblaciones en la solución de problemas públicos, a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y a la fecha ya se sumaron a la misma, 23 de las 32 entidades federativas del país.
En esta iniciativa un compromiso común es “Follow the money” (Sigue el dinero), estrategia cuyo propósito es que diversos actores participantes sigan la ruta de los recursos públicos y su destino se transparente.
Otros compromisos que adquieren las entidades firmantes son: fortalecer las prácticas de contraloría y rendición de cuentas, atender problemáticas de grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad y diseñar estrategias integrales para el cuidado del medio ambiente, señaló el instituto.
El coordinador de Gobierno Abierto y Transparencia, el comisionado Joel Salas Suárez, hizo ver que entre las entidades federativas del país que ya se sumaron a la iniciativa están Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Querétaro.
De éstas, 13 ya cuentan con un secretariado técnico en funcionamiento, conformado por representantes de los gobiernos estatales, instancias del poder legislativo y judicial, 23 organismos garantes del derecho de acceso a la información y 300 organizaciones de la sociedad civil; los cuales diseñarán y darán seguimiento al plan de acción de cada entidad federativa.
El comisionado Salas Suárez planteó al respecto en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que el propósito de la iniciativa es crear espacios ciudadanos a escala local, que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de los servicios que ofrece y promover la participación de las personas en la solución de problemas públicos.