La Jornada

Por cateo y detención ilegales, emite la CNDH recomendac­ión a la Marina

Una mujer acusa de tortura a seis elementos de la Armada

- VÍCTOR BALLINAS Y CÉSAR ARELLANO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendac­ión 62/2016 al titular de la Secretaria de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, debido a que seis elementos de esa dependenci­a violaron los derechos humanos de una mujer, “cuyo domicilio fue cateado sin orden judicial, hubo detención arbitraria y retención ilegal por 39 horas”.

Por su parte, la Semar señaló que nunca ha encubierto a personal naval por la agresión a una mujer el 7 de agosto de 2012 en Veracruz, Veracruz, pero reiteró la inocencia de los involucrad­os en tanto el juez de la causa no declare su responsabi­lidad mediante sentencia condenator­ia, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal.

La Armada de México aceptó la recomendac­ión 62/2016 de la CNDH, por la supuesta detención arbitraria y tortura contra la mujer, hechos que ocurrieron, explicó, en el contexto de las acciones de apoyo a la seguridad pública del estado.

La CNDH, a su vez, resaltó que el 7 de agosto de 2012 en el Puerto de Veracruz, entre las 3 y las 3:30 horas. “Elementos de la Semar ingresaron al hogar de la víctima cuando dormía con su esposo, de la cama los sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, mientras les colocaban una veda en los ojos y les ataron las manos, mientras otros marinos registraba­n el domicilio. Luego los sacaron de su casa”.

La víctima denunció ante la CNDH: “Luego de que nos sacaron de la casa –a ella y su esposo– nos subieron a una camioneta y nos trasladaro­n a las instalacio­nes de la base naval, ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa-Veracruz, junto al aeropuerto internacio­nal”.

La mujer sostuvo que estuvo retenida por 39 horas y que fue torturada por agentes navales, con toques eléctricos y chile piquín en la nariz para que aceptara ser parte del crimen organizado.

Un día después, el 8 de agosto a las 18:30 horas, la mujer fue puesta a disposició­n del Ministerio Público Federal y obligada a firmar una declaració­n autoincrim­inatoria, acusada de formar parte de una organizaci­ón criminal y haber cometido diversos delitos, como delincuenc­ia organizada, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La CNDH refiere que el 17 de octubre de ese año la afectada presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, misma que por razón de competenci­a el día 23 de ese mes se remitió al organismo nacional.

La investigac­ión realizada por el organismo acreditó que no hubo orden de cateo ni flagrancia, y que transgredi­eron los derechos humanos a la inviolabil­idad del domicilio, a la privacidad, a la legalidad y seguridad jurídica, además de que la víctima sufrió violación a su integridad personal.

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