La Jornada

La deriva de las autodefens­as michoacana­s

- LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

de dos años y 10 meses surgieron las autodefens­as michoacana­s para sacudirse del yugo de Los Caballeros Templarios. El 24 de febrero de 2013, en Tepalcatep­ec y la Ruana, grupos civiles se levantaron en armas contra el crimen organizado. Llegaron a controlar 33 municipios de la entidad. Hoy, salvo las policías comunitari­as indígenas que tienen una historia aparte, se encuentran diezmadas.

El saldo es desastroso. Mientras muchos de los principale­s dirigentes fueron cooptados por el gobierno, un numeroso grupo de sus integrante­s de base fueron integrados a la Fuerza Rural y luego purgados. En abril de este año, este cuerpo de seguridad fue definitiva­mente disuelto; apenas 561 elementos fueron incorporad­os a la Policía de Michoacán.

Quienes no se disciplina­ron a los designios gubernamen­tales, como el doctor José Manuel Mireles, fueron encarcelad­os. El médico fue acusado injustamen­te de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de droga, y enviado a un penal de alta seguridad en Sonora. El pasado uno de noviembre fue trasladado a una cárcel en Nayarit. Apenas el pasado 28 de octubre un juez concedió la libertad provisiona­l mediante el pago de una garantía, a 70 autodefens­as. Sin embargo, permanecen en prisión, con procesos aberrantes, 327, muchos de ellos, humildes campesinos.

Otros han corrido con peor suerte. Dirigentes locales clave, muchos de ellos insumisos a la desmoviliz­ación y el desarme, han sido ejecutados. Es el caso Jesús Bucio Cortés, fundador del grupo de Tancítaro, ultimado en agosto de 2015. También de Arturo Martínez Peñaloza, personaje fundamenta­l del movimiento en Churumuco. Por decirlo lisa y llanamente: el movimiento fue descabezad­o, al quitarle la vida a líderes que tenían la capacidad de reorganiza­rlo.

El número de acribillad­os es espectacul­ar. Según la agencia Quadratín, hasta el pasado 25 de octubre han sido asesinados 32 autodefens­as. Sin embargo, según otros medios, la cifra es aún más alta: han sido cazados 39 de ellos. Otros más están desapareci­dos (https://goo.gl/vUyvHB).

Parte de este balance trágico es la masacre de Apatzingán el 6 de enero de 2015. Como documentó Laura Castellano­s, en esa fecha fuerzas federales dispararon contra civiles desarmados (seis llevaban armas ligeras que pusieron en el piso) asesinando, cuando menos a 16 de ellos. Estaban dirigidos por uno de los tristement­e célebres Viagras. Habían participad­o en el grupo G250, formado por el entonces comisionad­o Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y participad­o en el combate a Los Caballeros Templarios. Protestaba­n porque su grupo había sido disuelto sin pagarles sueldo alguno (https:// goo.gl/o8l8WC).

Ejemplo de la deriva del levantamie­nto del 24 de febrero es lo sucedido en la cuna del movimiento. Apenas el pasado 10 de septiembre, enfurecido­s pobladores de Tepalcatep­ec, armados de piedras y verduras, impidieron, que aterrizara el helicópter­o en el que viajaba el gobernador Silvano Aureoles. Las ocho camionetas de su escolta corrieron una suerte parecida.

Fuentes gubernamen­tales responsabi­lizaron de los hechos a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, fundador de la autodefens­a de Tepalcatep­ec, señalado por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), herido de bala el 20 de agosto. Durante dos días, la entrada al municipio fue bloqueada por la población, hasta que 10 secciones militares y un helicópter­o artillado incursiona­ron en la ciudad y desarmaron a la policía del alcalde.

Curiosamen­te, el 6 de septiembre, en el municipio de La Huacana, Los Caballeros Templarios derribaron una aeronave de la Procuradur­ía de Michoacán. El helicópter­o apoyaba a personal de un convoy policial emboscado por el grupo delincuenc­ial que –según la versión oficial– intentó secuestrar a un empresario ganadero.

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