Podría la SCJN revelar nombres de las víctimas de la guerra sucia
Son mencionados en 135 averiguaciones previas de la PGR
En 2017 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver, entre otros casos de amparo, un recurso promovido contra la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer públicos los nombres de las víctimas mencionadas en 135 averiguaciones previas relacionadas con casos de desaparición durante la llamada guerra sucia en México.
En este caso, los ministros de la segunda sala deberán dictar sentencia en el juicio de amparo en revisión 934/2016, promovido por Mariana Mas Minetti para combatir la resolución del comité de información de la PGR.
El agente del Ministerio Público Federal se negó hacer públicos los nombres de las vícti- mas de las 135 averiguaciones previas que concluyó sobre los casos de desaparición en las décadas de los años 70 y 80, cometidas contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
Otro caso que será revisado se relaciona con los amparos en revisión 943/2016, 959/2016 y 1013/2016, promovidos por víctimas de violaciones a derechos humanos que impugnan el retraso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para determinar (dentro del expediente ceav/ cie/ 0001/ 2014) sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de acceso a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, en su calidad de víctimas, derivada de la recomendación 37/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que aceptaron una compensación de la Secretaría de Marina.
Pendiente, caso de braceros
Un caso que deben resolver, como parte del amparo en revi- sión 1152/2016, es el relacionado con trabajadores agrícolas y atraído por la sala a solicitud de la PGR. Se reclama la omisión de dar respuesta a la petición formulada en el escrito de fecha 3 de julio de 2015, mediante el cual se solicitó la devolución y entrega de las cantidades que por concepto de fondo de ahorro campesino se descontaron semanalmente a razón de 10 por ciento del salario de los quejosos, durante todo el tiempo que laboraron en Estados Unidos, bajo “el programa bracero” entre 1942 y 1964.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó que los sentenciados pertenecían al cártel de Los caballeros templarios, y fueron recluidos en el reclusorio varonil de la zona metropolitana de Guadalajara, ubicado en Puente Grande.