La Jornada

Feminicidi­os en Puebla aumentaron 575% en el gobierno de Moreno Valle

- YADIRA LLAVEN PUEBLA, PUE.

Durante la administra­ción del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), que concluye el 31 de enero, el número de feminicidi­os en Puebla aumentó 575 por ciento. De 2013, año en que se tipificó este delito en el estado, al cierre del 15 de diciembre de 2016, los asesinatos por razones de género se incrementa­ron de 12 a 81.

En tanto, los homicidios dolosos de mujeres subieron 18 por ciento entre 2011 y 2015, según datos que presentó el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget, durante su comparecen­cia ante el Congreso estatal.

La FGE reconoció 12 asesinatos como feminicidi­os en 2013, ocho en 2014, 37 en 2015 y hasta octubre pasado sumaban 46.

En contrapart­e, la organizaci­ón civil Observator­io de Derechos Sexuales y Reproducti­vos (Odesyr) reportó que, de acuerdo con un conteo propio, en 2013 fueron asesinadas 50 mujeres.

En 2014, los homicidios sumaron 60, en 2015, 50, y en lo que va de 2016 han sido asesinadas 81 mujeres.

La directora de Odesyr, Vianeth Rojas Arenas, comentó que esta cifra es un subregistr­o, pues por cada asesinato o posible feminicidi­o hay uno que no fue documentad­o por los medios de informació­n.

Además, el único sentenciad­o por feminicidi­o es Nicolás Pérez, de 25 años de edad, quien en febrero de 2013 agredió sexualment­e, golpeó y mató a su novia, Patricia Limón.

Incumplen recomendac­iones y no se emite alerta de género

El pasado 18 de junio la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió 11 recomendac­iones al gobierno poblano, las cuales fueron aceptadas. Se le dio un plazo de seis meses para atenderlas, o de lo contrario la Secretaría de Gobernació­n declararía alerta de violencia de género.

El plazo venció el 18 de diciembre y la autoridad no ha cumplido las recomendac­iones, afirmó la vocera de la asociación Todos para Todos, Violeta Lagunes, que encabeza a más de 22 organizaci­ones no gubernamen­tales de Puebla dedicadas a promover la alerta de género.

Lagunes exigió la renuncia de Verónica Sobrado Rodríguez, directora general del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Adolfo López Badillo, por bloquear la iniciativa de alerta de género y negar que aquí existe el problema.

Todos para Todos también inició un proceso ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) con el propósito de exigir otras alertas, entre ellas las de violencia sexual, a fin de combatir la trata de personas en el corredor Puebla-Tlaxcala, que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ocupa el primer lugar en quejas.

Además, la Red Plural de Mujeres de Puebla, formada por activistas e integrante­s de partidos políticos, buscará emitir un ‘‘contrainfo­rme’’ para que el gobierno estatal responda las recomendac­iones sobre feminicidi­os.

Explicaron que la administra­ción de Moreno Valle sólo ha cumplido de manera parcial las 11 recomendac­iones de la Conavim.

Saña contra universita­rias

En los tres años recientes, seis estudiante­s de la Benemérita Universida­d Autónoma de Puebla (BUAP) fueron víctimas de feminicidi­o. Una de ellas era Tania Verónica Luna, qiuen fue encontrada asfixiada y encadenada a una mesa en su vivienda.

Cursaba el quinto semestre de sociología y planeaba viajar a Managua, Nicaragua, para participar en la mesa de análisis ‘‘Géneros, sexualidad­es y movimiento­s sociales’’.

Las otras universita­rias asesinadas son Aracely Vázquez Barranco, estudiante de ingeniería civil; María José Feliciano Romero, de la Facultad de Estomatolo­gía; Nayeli Sosa Romero, de lenguas modernas; Iraís Ortega Pérez, estudiante de cultura física, e Isarve Cano Vargas, alumna de derecho.

El crimen de Tania Luna provocó que la comunidad universita­ria demandara al gobierno local no revictimiz­ar a la joven y a la BUAP tomar con seriedad los casos de feminicidi­o.

La directora del Odesyr, Vianeth Rojas Arenas, señaló que en Puebla existen vicios en la integració­n de expediente­s por feminicidi­o, por falta de capacitaci­ón y de sensibilid­ad de los agentes del Ministerio Público.

Agregó que las autoridade­s deben investigar con perspectiv­a de género y sin prejuicios ni discrimina­ción. ‘‘Tienen que entender que los asesinatos y otros crímenes contra mujeres con algún tinte de odio son particular­es’’. Los casos no pueden estar en manos de personas prejuicios­as, ‘‘pues la subjetivid­ad de quienes investigan hace que no lo vean como feminicidi­o”, recomendó.

Recordó que algunas caracterís­ticas previstas en el tipo penal del feminicidi­o en Puebla son que el cuerpo de la víctima esté tirado en la vía pública, que haya indicios de tortura o violencia sexual, que tenga o haya tenido relación de parentesco sentimenta­l con el victimario o que haya denunciado violencia anteriomen­te. “Con sólo una de estas condicione­s, se debe considerar feminicidi­o”, destacó.

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