La Corte analizará constitucionalidad de artículos del Código de Justicia Militar

Desprotegidos, los migrantes discapacitados que viven en EU También revisará ley que regula el uso de la fuerza en el Edomex

Los migrantes discapacitados que viven en Estados Unidos se encuentran doblemente desprotegidos. En ese país son pocos los indocumentados que reciben la atención que requieren después de sufrir un accidente de trabajo que los haya dejado sin posibilidad de seguir laborando. Pero tampoco regresan a México porque “saben que el acceso al servicio de salud también sería limitado”, manifestó Francisco Argüelles, de la Living Hope Wheelchair Association, de Houston, la cual se dedica a proporcionar suministros médicos a indocumentados con lesiones en la médula espinal.

Argüelles señala que una persona que dejó su país para ayudar económicamente a su familia y sufrió un accidente vial, de trabajo o recibió un balazo porque lo asaltaron y por ello no puede volver a caminar, eso lo puede llevar a una depresión profunda.

Además, comenta, una vez que el migrante se encuentra discapacitado enfrenta tres barreras: falta de oportunidades de trabajo y acceso a programas que lo ayuden. “Están marginados de todo eso por su condición de indocumentados”. También tienen la barrera del idioma y físicas, porque aunque Estados Unidos sea un país de primer mundo “carece aún de cultura de respeto a la persona que se encuentra en esa situación”.

No obstante, los migrantes no regresan a México pues a pesar de que “hay gente que añora muchísimo volver sabe que su calidad y expectativa de vida en las condiciones de acceso limitado a los servicios de salud, trabajo e inseguridad no son buenas y por se quedan allá”. Durante el primer semestre de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará “asuntos de gran relevancia”, como el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra algunos artículos y preceptos del Código de Justicia Militar.

Ayer, en sesión solemne, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, inauguró el primer periodo de sesiones de 2017 del máximo tribunal. En un breve mensaje hizo un recuento de algunos temas que serán resueltos en los primeros seis meses de este año.

Analizar el Código de Justicia Militar es una demanda promovida por la CNDH, la cual pide evaluar la constitucionalidad de acciones de autoridades castrenses, como el requerimiento de documentos, información, diligencias y peritajes. Además, si puede considerarse a la policía ministerial militar y al Ministerio Público castrense autoridades competentes para tener acceso de manera directa a elementos objetivos que contienen datos personales en aras de investigar y sancionar delitos de la disciplina militar.

El ministro presidente informó que se resolverán los recursos que impugnan la ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México.

Recordó que el máximo tribunal recibió varias acciones contra esa norma por la violación, entre otros, de los principios de legalidad y seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión y el principio de última razón en el uso de la fuerza. Además, la utilización de armas de fuego por cuerpos de seguridad estatal.

La sesión solemne se realizó en el salón de Plenos de la Corte, donde Aguilar Morales destacó que en el primer periodo se discutirán, entre otros temas, la penalización en Veracruz por poner en peligro a alguien de contagio de una enfermedad de transmisión sexual”. Cabe recordar que en 2015 el Congreso de ese estado reformó el Código Penal local para sancionar con prisión a las personas portadoras de VIHsida que “intencionalmente” contagiaran a otra.

Los ministros debatirán además la demanda promovida para eliminar en Aguascalientes la posibilidad de otorgar dispensa, en casos graves y justificados, a menores de edad para contraer matrimonio. “También emprenderemos el análisis de diversas controversias que implican evaluar la posible transgresión al régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”.

El presidente de la SCJN mencionó como posible tema a resolver en el periodo actual las acciones que impugnan normas de diversas entidades federativas por ser violatorias de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental, penal y en los mecanismos alternos de solución de controversias.

“En relación con impugnaciones a disposiciones de la Ley de Amparo se podría resolver el recurso de inconstitucionalidad en torno a la imposibilidad de suspender, en este medio, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial penal, así como diversas contradicciones de tesis sobre estos temas de la Ley de Amparo.”