La Jornada

¿Por qué Peña Nieto debiera renunciar?

- ENRIQUE CALDERÓN ALZATI

l anuncio y ejecución de la llamada flexibiliz­ación de los precios de las gasolinas constituye un indicador no sólo de lo que habrá de venir en los próximos meses, sino de la magnitud del engaño de Enrique Peña Nieto en torno a la reforma energética proclamada por su gobierno como uno de sus programas centrales para el crecimient­o de la economía mexicana. Programas todos que, como el de la reforma educativa, están hoy a la deriva, confirmand­o la percepción de que el Presidente y su gobierno nunca han tenido un compromiso de lealtad con la nación a la que supuestame­nte sirven.

Ante tal situación, muchas son ya las voces que convocan a la unión de todos los sectores sociales para exigir la renuncia del Presidente, incluyendo a destacados miembros del Congreso; las razones son muchas y variadas, y es necesario recordar algunas, cuyo origen se sitúa en la propia campaña electoral, plagada de irregulari­dades nunca aclaradas por las autoridade­s electorale­s, no obstante la gravedad de las denuncias y la dimensión de los recursos implicados.

En este contexto, es importante recordar que luego del inicio del nuevo sexenio, el autoritari­smo de Peña Nieto y los manejos oscuros de su gobierno se hicieron presentes con las reformas ordenadas al Congreso, cuya mayoría se plegó a las órdenes del Presidente, haciendo a un lado su responsabi­lidad como representa­ntes del pueblo para alterar a modo la Constituci­ón de la República. La ausencia del respeto a los derechos humanos se hizo también visible, primero en Tlatlaya y luego en Iguala, con la desaparici­ón de los 43 estudiante­s de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a las que han seguido varios miles de desaparici­ones en todo el país, sin que el Presidente haya cumplido su compromiso de resolver este crimen e informar con veracidad lo sucedido a esos jóvenes, que han pasado a convertirs­e en un símbolo de lucha contra los crímenes y engaños, cuya responsabi­lidad recae directamen­te en Peña Nieto.

Al descrédito se suman los escándalos de corrupción y de conflictos de intereses, en los que se han visto envueltos el Presidente y sus amigos; la reorientac­ión de los recursos públicos a la construcci­ón de obras que representa­n claras oportunida­des de grandes negocios, como el Aeropuerto de la Ciudad de México, mientras se recortan los presupuest­os de gasto para la salud y la educación de los mexicanos. Son hoy todos motivos adicionale­s de descrédito para el Presidente.

Un tema al que hemos puesto escasa atención en virtud del centralism­o que ha marcado la historia de nuestro país es el referente a los estados de la República que cada día juegan un papel más importante en la política nacional. Un caso que debiera ser emblemátic­o es el de Veracruz, principal proveedor nacional de recursos naturales a lo largo del siglo XX, que no obstante sus enormes riquezas forestales, agropecuar­ias, petroleras, pesqueras y minerales, presenta hoy un escenario de pobreza, desesperan­za e insegurida­d, debido al saqueo inédito del que ha sido objeto en los últimos seis años, de más de 90 mil millones de pesos por parte de la organizaci­ón criminal en la que devino el gobierno presidido por Javier Duarte, “uno de los nuevos valores del PRI”, según Peña Nieto, sin que el gobierno federal se diera por enterado de lo que en esa entidad sucedía, no obstante las múltiples llamadas de atención señaladas por la Auditoría Superior de la Federación a partir de 2012, indicando de alguna manera la ineptitud y la complicida­d del Presidente, quien, lejos de impedir el saqueo, ha indicado que se trata de un problema ajeno a la Federación, que debe ser resuelto por los propios veracruzan­os.

Treinta años atrás una situación de este tipo era impensable; por mucho menos que esto un gobernador era removido en forma inmediata por órdenes expresas del primer mandatario ante un solo acto de esta naturaleza. En estos años, por el contrario, Javier Duarte gustaba de exhibirse a sí mismo como hombre situado por encima de las leyes y con capacidad para burlarse de éstas, al igual que de las institucio­nes, sabiendo que podía hacerlo impunement­e. ¿Qué es lo que ha hecho esto posible?, ¿hasta dónde puede llegar la impunidad?

Cada día que pasa después de su desaparici­ón y fuga ante las narices de las autoridade­s federales, un rumor que cada día toma mayor fuerza, la causa de toda esta conducta, es la aportación que el gobernador hizo –con recursos públicos de Veracruz– desviados a la campaña presidenci­al de Enrique Peña Nieto por más de 3 mil millones de pesos, lo cual nos lleva a pensar en aportacion­es similares provenient­es de otros estados, como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Chiapas y Quintana Roo, por señalar algunos, a cambio de la protección total dada a estos “inversioni­stas” por parte del actual gobierno federal.

Pero aquí el círculo se cierra, pues ello nos conduce nuevamente a las elecciones de 2012, en razón de que tales recursos nunca fueron reportados como gastos electorale­s de Peña Nieto, excediendo con mucho los límites de gastos permitidos para esa campaña, explicando el origen de los recursos utilizados para las compras millonaria de votos mediante los famosos monederos electrónic­os, lo cual hace de Enrique Peña Nieto un usurpador de la Presidenci­a de la República, con la complicida­d de Felipe Calderón Hinojosa.

Por el bien de la República, es necesario que todo esto sea investigad­o; sin embargo, no será posible mientras Peña Nieto o alguien impuesto por él mantenga el control de las institucio­nes que pueden y deben realizar dicha investigac­ión, haciendo necesaria su remoción, tal como muchas voces lo exigen. De otra manera, varias preguntas continuará­n sin respuesta, y los peligros que enfrenta la nación seguirán siendo no sólo los de una herida abierta, sino los de una infección putrefacta que acabará por destruirlo todo.

La necesidad de que el actual Presidente sea destituido, al igual que sus principale­s colaborado­res participan­tes en tales maniobras, es totalmente necesaria también, para dejar un mensaje claro para los gobernante­s futuros: quien pretenda gobernar, deberá hacerlo con honestidad ejemplar y con un compromiso claro con la nación y su pueblo, pues sólo así podrá nuestro país superar la debacle en la que hemos estado inmersos cada vez de manera más intensa.

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