Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas
l 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación, desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al Ecuador.
El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión, criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.
Esa fuerte movilización paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a “revisar la política extractiva”. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).
En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)
Este desalojo sucedió luego de una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.
El pueblo shuar no aceptó el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.
Acción Ecológica es la organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba “los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole?” (www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización, por “difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista” en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión de Paz y Verdad.
Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.
Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que “asfixian a la sociedad civil”.
Es absurdo y cínico que un gobierno que se autodenomina “revolución ciudadana” apele a cerrar a las organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524 años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/archivos/152