Acusan a gobierno de León de criminalizar protesta por alza en tarifas de transporte
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) integró una queja contra el gobierno de León por criminalizar a quienes a partir del primero de enero se manifiestan contra el aumento a las tarifas del transporte público, que pasaron de 9 a 11 pesos en efectivo; de 7.30 a 9.50 con tarjeta prepago, y preferencial, de 3.70 a 4.30 pesos.
Los activistas Roberto Saucedo Pimentel y Gabriela Arreola Cadena solicitaron al ombudsman, Raúl Montero de Alba, emitir una medida cautelar pues la Secretaría de Seguridad Pública estatal elaboró fichas de ocho activistas y la información fue publicada en el periódico AM.
El edil Héctor López Santillana emitió el pasado miércoles un mensaje en el que calificó de violentos e incitadores de delitos a los inconformes con el incremento al pasaje y la eliminación de la gratuidad para adultos mayores. También responsabilizó de cualquier daño a la integridad de su familia a Roberto Saucedo Pimentel y a Vicente Hernández.
Al día siguiente, el diario AM publicó la fotografía de las ocho personas fichadas por la Secretaría de Seguridad Pública municipal. “Identifican a impulsores de protestas”, señala la cabeza de la publicación y el texto refiere que las fichas detallan “el grado de beligerancia de cada uno, su disposición al diálogo y las causa por las que se manifiestan”.
Los fichados por el gobierno de León son Vicente Hernández Barrios, Adolfo Enríquez Vanderkam, Roberto Saucedo Pimentel, Ricardo Gómez Escalante, Jaime Herrerías, Rodrigo González Zaragoza, Gabriela Arriola y Yolanda Martínez Ortiz.
“Siembran miedo”
La Coordinadora Popular Leonesa realizó un mitin- rueda de prensa, a un costado de la presidencia municipal para denunciar la criminalización de la protesta social y el miedo que “sembró” la policía de León entre los co- merciantes de la ciudad al pedirles cerrar sus negocios tras afirmar que serían saqueados por los manifestantes.
Saucedo Pimentel anunció que tramitarán un juicio de amparo para saber si el alcalde inició una acción penal contra los activistas fichados y adelantó que interpondrán denuncia penal contra la policía de León por sembrar pánico al difundir que los negocios podrían ser saqueados por quienes protestan contra el alza en pasajes del transporte.
Ante los rumores de actos de violencia en las protestas, cinco integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (Clama) suspendieron la huelga de hambre que tenían frente a la alcaldía.
Anunciaron que el secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, solicitó integrar una mesa de diálogo. La petición de Clama será que restablezcan la gratuidad para los adultos mayores, señaló el presidente de la agrupación, Jorge Lara Quiroz.