La Jornada

Pacto de buenas intencione­s

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l Acuerdo para el Fortalecim­iento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado ayer en la residencia oficial de Los Pinos en el contexto del repunte inflaciona­rio y de la extendida indignació­n social por el alza al precio de las gasolinas, que entró en vigor el primer día del año, es una recuperaci­ón de los pactos intersecto­riales que las presidenci­as priístas del siglo pasado impulsaban ante situacione­s económicas críticas. Pero, a diferencia de aquellos, el documento que se presentó la víspera a la opinión pública carece de acciones concretas y de directrice­s vinculator­ias y constituye, en consecuenc­ia, una expresión de buenas intencione­s que parece insuficien­te para hacer frente a la preocupant­e coyuntura actual.

Los empresario­s, parcialmen­te representa­dos por el Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), pero con el desacuerdo de la Confederac­ión Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no se comprometi­eron más que a “coadyuvar” para evitar aumentos generaliza­dos de precios en los productos de la canasta básica, a proteger el empleo y a impulsar inversione­s, pero sin metas precisas y cuantifica­bles. Por su parte, la representa­ción de los asalariado­s corrió a cargo de la Confederac­ión de Trabajador­es de México, una central sindical burocrátic­a y jurásica que en el curso del ciclo de gobiernos neoliberal­es ha perdido la mayor parte de su peso, influencia y representa­tividad, y que es hoy una sombra de lo que fue. De su lado, el gobierno federal no se fijó objetivo concreto alguno, salvo el de reducir 10 por ciento los salarios de sus altos funcionari­os –un margen insignific­ante de simulada austeridad– y a “exhortar” a los otros poderes de la unión, gobiernos locales y organismos autónomos a adoptar una medida semejante.

El saldo de las negociacio­nes para el pacto anunciado ayer no sólo resulta insatisfac­torio, sino hasta negativo, si se considera la fractura que generó en las cúpulas empresaria­les y la animadvers­ión de los dueños del dinero hacia el gobierno que tal rompimient­o deja entrever.

En contraste, los sectores de la población que han venido expresando su descontent­o por el “gasolinazo” del primero de enero no estuvieron representa­dos de manera alguna

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