La ciencia en la constitución de Ciudad de México

pesar de todo, el año comienza con una buena noticia: la constitución política de Ciudad de México (CDMX) tendrá un apartado sobre el derecho a la ciencia y a la innovación, el cual fue aprobado el pasado 5 de enero de 2017 por quienes integran la Asamblea Constituyente de esta ciudad capital. Así, el máximo ordenamiento jurídico de la CDMX será el primero en todo el país en garantizar este derecho, ausente no sólo en ordenamientos análogos en los diferentes estados de la República, sino además en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este apartado ya estaba planteado en sus rasgos generales en el proyecto original presentado el 15 de septiembre de 2016, pero tuvo un avance notable con el trabajo realizado por los constituyentes en los meses subsecuentes. El texto aprobado el jueves, considera que el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social, lo que tiene implicaciones muy importantes, pues favorecerá la difusión del conocimiento científico y tecnológico entre la población de la capital.

También establece como obligación del gobierno de la ciudad garantizar la plena libertad de investigación científica y tecnológica, algo muy importante en un nivel constitucional, pues no impone controles sobre qué proyectos sí y cuales no se deben realizar, pues como muestra la experiencia en algunos regímenes totalitarios, el control desde los órganos de poder sólo daña el avance del conocimiento.

Pero también establece que se apoyará la vinculación de proyectos “(…) con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad”. Lo anterior implica que en CDMX se favorecerán las dos rutas, tanto con proyectos realizados en ejercicio de la libertad de investigación, como los aplicados y su asociación con los sectores productivos, poniendo especial énfasis en su sentido social.

Un aspecto muy relevante en el texto constitucional aprobado es la preservación del conocimiento tradicional, mediante el rescate y el desarrollo de técnicas y prácticas originarias en campos como la medicina y el cuidado del medio ambiente. Lo anterior significa reconocer el valor de la multiculturalidad que existe en la ciudad –y en todo el país– en el terreno del conocimiento.

Otro elemento de gran trascendencia se encuentra en el plano presupuestario, pues se considera una partida específica que no podrá ser menor a 2 por ciento del presupuesto de CDMX, lo que representaría aproximadamente 4 mil millones de pesos al año, cantidad nada despreciable con la que se manda un mensaje a nivel federal de la importancia de asignar recursos crecientes a las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI), y simultáneamente sobre la importancia de que los estados tengan una participación decidida en el financiamiento de estas actividades.

No menos importante es que la política de ciencia y tecnología formará parte de un programa de desarrollo de CTI con una visión a 20 años, algo con lo que se puede garantizar la continuidad al margen de las fluctuaciones políticas que acompañan los cambios en las diferentes administraciones. Me parece que esta es una aportación muy importante de los constituyentes y un ejemplo a seguir a nivel federal.

Los anteriores son algunos de los aspectos que contendrá la constitución política de CDMX para el caso de ciencia, tecnología e innovación, los cuales, en mi opinión, colocan a la vanguardia a esta ciudad en el contexto nacional (e internacional). Creo que traducen el ánimo que existe en la capital del país respecto del importante papel que juega la ciencia en el desarrollo económico y el bienestar social, y esta certeza ha sido recogida fielmente por los constituyentes. Enhorabuena.