Aguascalientes y Sinaloa anuncian recortes al gasto
Los gobiernos de Sinaloa y Aguascalientes anunciaron ayer medidas de austeridad para hacer frente a los recortes presupuestales federales.
A nueve días de haberse iniciado su administración, el priísta Quirino Ordaz Coppel aseguró que recortará hasta 20 por ciento de los gastos.
El secretario de Administración y Finanzas estatal, Carlos Ortega, precisó que se despedirá a choferes y escoltas, se cancelarán las compras de vehículos y se reducirá la compra la gasolina, así como la entrega teléfonos celulares. Los recursos ahorrados, dijo, permitirán pagar deudas con los proveedores.
El decreto, que se publicará este martes en el Diario Oficial, incluye 20 medidas, entre ellas la reducción de la nóminas y la centralización de las compras.
En las áreas de salud, seguridad pública y procuración de justicia no se aplicará el recorte de gastos en combustible y mantenimiento de vehículos, pero éstos serán sustituidos por modelos austeros y de alto rendimiento; además, a cada uno se le instalará un chip para registrar el uso en una bitácora.
Presentará informe dentro de dos meses
Con la centralización de la nómina se busca evitar la duplicidad de funciones; además, no aumentarán los salarios y nadie podrá ganar más que el gobernador (75 mil pesos mensuales sin prestaciones). Los empleados tampoco podrán ganar más que sus jefes inmediatos.
Ortega no dio detalles de la situación financiera que dejó la administración anterior ni de la suma que se espera ahorrar con estas medidas, pero prometió un informe en 60 días.
En Aguascalientes, Javier Luévano Núñez, secretario general del Gobierno del estado, encabezado por el panista Martín Orozco San- doval, informó que los funcionarios de primer nivel, incluidos el mandatario, jefes, directores y secretarios, se reducirán el salario 20 por ciento.
Adelantó que habrá ‘‘consecuencias severas’’ para los fun- cionarios que hagan mal uso de recursos públicos. También advirtió que se adelgazará la nómina y se hará más eficiente el gasto. Se calcula que unas mil 200 personas serán despedidas del gobierno estatal.