Movimiento Ciudadano impulsa una iniciativa de banco de huellas genéticas
Auxiliar en casos criminales y de desaparición: diputado
A fin de contribuir en la identificación y paradero de personas desaparecidas, fallecidas o de las que se presuma que hayan sido objeto de sustracción o sufrido alteración de su identidad, así como para resolver investigaciones de tipo criminal, el partido Movimiento Ciudadano impulsa una iniciativa que plantea expedir una ley general del banco nacional de huellas genéticas.
El secretario de la Comisión de Justicia y diputado de ese partido, Víctor Manuel Sánchez Orozco, señaló que el ordenamiento lograría esclarecer casos criminales y de desaparición de personas, ya que todos los estados y la Federación compartirían y alimentarían el banco de datos.
En la iniciativa se señala que varios países han aplicado exámenes de ADN para auxiliar en las investigaciones de tipo criminal, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, los cuales, desde la década de los 90 tienen normas regulatorias sobre la utilización de pruebas genéticas para resolver hechos delictivos.
Sánchez Orozco destacó que actualmente la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales recaban material genético de manera recurrente, sin que exista una regulación clara y concreta sobre los límites en la recolección, la utilización y la transferencia de dicha información.
El banco nacional de huellas genéticas estaría dividido en evidencias, víctimas, fallecidos, desaparecidos, imputados, procesados, sentenciados y de personal policial, así como técnico, de seguridad pública, a fin de agilizar las investigaciones y procesos.
El organismo estaría dirigido por un especialista con amplios conocimientos en materia de muestras biológicas y genéticas, que sería designado por el Se- nado de una terna remitida por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y estaría cinco años en el encargo, con posibilidad de ser relecto por un periodo igual. Los militares que pasen a retiro tienen derecho a ascender al grado superior únicamente para el goce de prestaciones económicas y de seguridad social, pero mantendrán el grado que obtuvieron en activo para todos los efectos legales previstos en la legislación castrense, sostiene el proyecto de dictamen que mañana discutirá la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Si los ministros avalen el documento, elaborado por Eduardo Medina Mora, el criterio será definitivo para negar el amparo a centenares de militares que impugnaron la disposición que entró en vigor en 2011, mediante un cambio al Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
A partir de ese cambio, militares que pasaron a retiro, particularmente coroneles y capitanes de navío, se inconformaron con la disposición; sus demandas esperan la decisión de la Corte.