La Jornada

Gustavo Castro denuncia a juez que investiga el asesinato de Berta Cáceres

El punto de reunión será el Ángel Realizarán concentrac­ión pro inmigrante­s el día 20 El activista mexicano presenta recursos contra Honduras

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Organizaci­ones civiles, de derechos humanos, de trabajador­es del campo y binacional­es de migrantes anunciaron una mega concentrac­ión en la Ciudad de México para protestar en contra de las políticas antimigrat­orias y racistas de Donald Trump, a realizarse el próximo viernes 20 de enero.

Esta movilizaci­ón se concentrar­á en el Ángel de la Independen­cia y será una “acción espejo” de las que se realizarán muchas otras organizaci­ones en Estados Unidos, que incluyen también para esa fecha la acción de “un Día sin Migrantes”. Estos actos son en repudio al discurso de odio e intoleranc­ia impulsado por el nuevo mandatario estadunide­nse, dijeron.

“Llamamos a todos los mexicanos, en ambos lados de la frontera, a construir un gran frente de resistenci­a pacífica, intersecto­rial, binacional y antirracis­ta, para defenderno­s juntos, para atajar con puentes de solidarida­d y apoyo mutuo el odio de Trump y la amenaza que representa a la democracia y los valores fundamenta­les de la convivenci­a”, señala el pronunciam­iento suscrito por más de medio centenar de organizaci­ones sociales y un centenar de intelectua­les, activistas, académicos e investigad­ores.

En conferenci­a de prensa, representa­ntes y líderes de estas organizaci­ones rechazaron la “postura sumisa” del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y le exigieron abandonar esta “actitud vacilante” ante las agresiones del próximo mandatario estadunide­nse.

Además, tras criticar la actitud del gobierno mexicano, Marco Castillo, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, señaló que la designació­n de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores confirmó esta postura. “En los hechos eso significa decirle a Trump: lo que usted diga, escucharem­os sus demandas y haremos todo lo posible por cumplirla”. El activista mexicano Gustavo Castro, testigo del homicidio de la líder ambientali­sta Berta Cáceres, presentó ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado de Honduras, por haberlo retenido “inconstitu­cionalment­e” luego del homicidio ocurrido el 3 de marzo de 2016, en cuya acción resultó herido.

Castro y sus abogados en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos y Edy Tábora, informaron que la denuncia fue presentada en diciembre pasado, además de que hace unos días se interpuso una denuncia penal contra la juez Victorina Flores por el delito de abuso de autoridad.

Castro es el único testigo del asesinato, pues se hospedaba en casa de la ambientali­sta, ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza, pero a más de diez meses del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio contra él mismo, el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que le disparó.

Castro, integrante de la organizaci­ón Otros Mundos, intentó salir de Honduras un día después del homicidio, pero autoridade­s migratoria­s pretendier­on detenerlo en el aeropuerto de Tegucigalp­a; sólo la oportuna intervenci­ón de la embajada de México en ese país lo impidió, logrando su traslado a la sede diplomátic­a, donde fue sometido a interrogat­orios durante varias semanas. Fue hasta el primero de abril cuando pudo regresar a México.

En conferenci­a de prensa, realizada en la sede de Amnistía Internacio­nal México, se informó que las investigac­iones para escla- recer los hechos han dado por resultado la detención de siete personas, pero aún se desconoce si las indagatori­as contribuir­án a determinar la autoría intelectua­l de funcionari­os públicos y miembros del Consejo de Administra­ción de la Empresa Desarrollo­s Energético­s (DESA), a quienes Berta Cáceres enfrentaba para impedir la construcci­ón de una represa, en defensa de pueblos originario­s de Honduras.

El expediente sigue bajo secretivid­ad, dejando en la indefensió­n a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaci­ones Populares e Indígenas de Honduras y a la familia de Berta Cáceres, denunciaro­n Castro y sus abogados.

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