CONGRESO
on el voto de todas las fracciones parlamentarias, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un punto de acuerdo en el dejó de manifiesto su “rechazo enérgico a las múltiples declaraciones y amenazas de Donald Trump en contra de México y de los mexicanos”; exigió al próximo gobierno de Estados Unidos que respete los derechos humanos de los mexicanos que viven en ese país y se abstenga de medidas confiscatorias de las remesas que los connacionales envían al nuestro; demandó el estricto cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las reglas del comercio internacional; anunció que el Legislativo mexicano no aprobará ningún recurso para sufragar la construcción del muro que el presidente electo de la nación vecina pretende erigir en la frontera común, y exhortó al Ejecutivo federal a que emita un posicionamiento sobre las medidas contra México que ha venido anunciando el republicano. Asimismo, la representación del Legislativo llamó a “cerrar filas y asumir acciones conjuntas ante las amenazas de Trump, sin complacencias, y a defender la dignidad y la cultura” de los mexicanos en Estados Unidos.
El punto de acuerdo es sin duda positivo ante el inminente estreno como jefe de Estado de la potencia vecina de un individuo que ha calumniado y amenazado a México en forma regular, que hizo de la fobia antimexicana uno de los principales ejes rectores de su campaña y de su propaganda electoral y que ya ha logrado, mediante amenazas impositivas, la cancelación de importantes inversiones que industrias estadunidenses y de otras naciones tenían previsto realizar en nuestro país. También es saludable que, cuando el conjunto de la institucionalidad mexicana no parece dispuesto a hacer frente a las andanadas de Trump, y en momentos en que se amplía la fractura entre la sociedad y las autoridades por el gasolinazo y cunde la zozobra por la descontrolada violencia delictiva, uno de los poderes de la unión se exprese con claridad y sin eufemismos sobre las múltiples agresiones contra México protagonizadas por el próximo presidente estadunidense.
El documento del Congreso, sin embargo, requiere de acciones concretas que lo validen, y es mucho lo que puede hacerse a este respecto. Es pertinente traer a cuento las contramedidas adoptadas por los poderes legislativos de distintos países –entre ellos, el nuestro– cuando el de Estados Unidos aprobó la llamada Ley Helms-Burton para extender a empresas internacionales el al- cance del bloqueo económico y comercial contra Cuba. En efecto, en octubre de 1996 el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional a fin de contrarrestar las abusivas y extraterritoriales disposiciones del Capitolio estadunidense.
En ese mismo espíritu, los legisladores mexicanos pueden, por ejemplo, aprobar disposiciones que establezcan severas sanciones fiscales a los productos de las empresas que cancelen o retiren sus inversiones del país a consecuencia de las amenazas de Trump, medidas de fortalecimiento del mercado interno, apoyo al agro, acogida a migrantes, y diversificación de los vínculos comerciales con otros países. Pueden, en suma, ir más allá de las palabras y colocarse a la altura de su responsabilidad en una circunstancia que parece quedarles demasiado grande a las otras instancias del Estado. Para ello, sin embargo, es preciso que empiecen a legislar en sentido contrario a como lo han venido haciendo en el curso del presente sexenio, adopten una perspectiva de nación y empiecen a revertir, en el campo de las leyes y las reformas constitucionales, la demolición de la soberanía que se ha venido realizando desde hace tres décadas.