Vecinos de San Miguel de Allende rechazan versión oficial sobre asesinato de tres niños
‘‘¡Justicia!’’, ‘‘¡libertad para Antonio!” y “¡asesinos!”, gritaron unas mil personas que se congregaron frente a la parroquia de San Miguel Arcángel para exigir que sea liberado el velador Antonio Luna Hernández, acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de asesinar a sus tres hijos.
Los manifestantes colocaron decenas de veladoras frente a la parroquia y con ellas formaron la palabra ‘‘justicia’’, y luego rezaron por intervención divina para librarse de ‘‘los políticos corrup- tos y los malos policías’’.
Señalaron que la versión de la PGJE fue ‘‘fabricada’’ y reprocharon que se incriminara a Luna Hernández, cuyos familiares presumen que los policías municipales mataron a los niños.
Anunciaron que este miércoles se manifestarán en el juzgado de oralidad penal para exigir la liberación inmediata del acusado.
La madrugada del sábado, tres niños, de cuatro, ocho y 11 años, fueron asesinados durante una operación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para capturar a hombres armados que su- puestamente se alojaban en una finca de este municipio.
El titular de la PGJE, Carlos Zamarripa Aguirre, afirmó que el velador mató a sus tres hijos e intentó asesinar a su esposa, Juana Antonia Chávez. Sin embargo, ella desmintió la versión del funcionario y afirmó que su esposo sólo trató de protegerlos a ella y a sus hijos.
La PGJE acusó a Antonio Luna de homicidio en grado de tentativa en agravio de cinco policías estatales, por lo que este martes se realizó una audiencia ante un juez de control, quien validó la detención del velador.
El próximo viernes la juez de control determinará si vincula a proceso penal a Antonio Luna.
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio Cortés, exigió que un organismo externo a la PGJE aclare el asesinato.
Exhortó al gobernador panista Miguel Márquez Márquez que destituya al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.
Este caso, agregó, ‘‘refleja la opacidad que ha caracterizado’’ el actuar de las dos dependencias, las cuales ‘‘ocultan o manipulan datos y limitan el acceso a la información’’.