La Jornada

Repudian la ONU y la CNDH el asesinato de Isidro Baldenegro

Solicitan al gobierno proteger a otros activistas rarámuris Titular de Educación defiende programa Mochila Segura La SEP facilitará revalidaci­ón de estudios a mexicanos que vuelvan al país

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN LAURA POY SOLANO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionad­o de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumaron a las manifestac­iones en repudio al asesinato del ambientali­sta Isidro Baldenegro López.

En un comunicado conjunto, ambas organizaci­ones recordaron que el activista indígena defendía los derechos del pueblo rarámuri en contra de la tala ilegal de árboles, labor por la cual recibió el Premio Medioambie­ntal Goldman en 2005.

De acuerdo con la informació­n disponible, el pasado 15 de El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que en febrero se publicará un acuerdo para facilitar la revalidaci­ón de estudios de los connaciona­les que regresen a México. A quienes cursen primaria y secundaria se les integrará al sistema educativo nacional “aun sin papeles”, indicó. enero Baldenegro fue asesinado en la comunidad de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, por un hombre armado que le disparó cinco veces enfrente de su familia.

Jan Jarab, representa­nte en México del Alto Comisionad­o, afirmó que “este asesinato es una alerta más sobre la situación de extrema vulnerabil­idad que

“El simple hecho de presentars­e con la edad y con alguna plática entre los padres y los directivos de la escuela a la que esté reingresan­do, al niño se le pondrá en el grado que se considere más convenient­e”.

Respecto al reforzamie­nto de la seguridad en las escuelas, Nuño Mayer afirmó que se debe acompañar con la “enseñanza de valores” en los planteles, y viven las defensoras y los defensores de derechos humanos que en la Sierra Tarahumara buscan preservar la tierra y el territorio en zonas remotas con alta presencia de crimen organizado”.

Las dos institucio­nes llamaron tanto a las autoridade­s federales como a las estatales a proteger a otros activistas de esa región del admitió que en cuanto al control del ingreso de armas y Mochila Segura, “he escuchado muchas críticas”, pero sostuvo que se trata de un “buen programa”.

Javier Olmedo Badía, vocero de la Comisión Metropolit­ana de Institucio­nes Públicas de Educación Media Superior, señaló que el organismo “está listo” para recibir a quienes regresen a México y busquen cursar el bachillera­to. país, al tiempo que la oficina de la Unión Europea en México solicitó al gobierno del país a hacer todo lo necesario para no dejar el caso en la impunidad.

En un escenario de por sí adverso para los activistas de organizaci­ones civiles, quienes protegen el derecho de las comunidade­s a disfrutar de su territorio y recursos naturales enfrentan un panorama todavía más complejo.

“Los defensores comunitari­os que se oponen a megaproyec­tos son especialme­nte vulnerable­s, y más aún si son mujeres e indígenas. Son víctimas de amenazas, hostigamie­nto y procesos de descalific­ación ante la comunidad al mencionarl­os como alborotado­res u opositores al desarrollo”, subrayó en entrevista Elena Villaseñor, integrante de la organizaci­ón ProDesc. Según estudios de la Iniciativa Mesoameric­ana de Defensoras de Derechos Humanos, refirió, entre 2012 y 2014 en México hubo 616 agresiones contra activistas, 230 de las cuales se dedicaban a la defensa de la tierra y el territorio.

Los ataques no sólo provienen de grupos del crimen organizado o de funcionari­os, sino también de empresas trasnacion­ales que ven amenazados sus intereses, y que actúan en complicida­d con el gobierno en un fenómeno de “captura del Estado”.

En México, subrayó Villaseñor, uno de los casos emblemátic­os de ello es el de la comunidad de La Sierrita, en Durango, cuyos habitantes han sido blanco de hostigamie­nto, amenazas y detencione­s arbitraria­s desde 2007 por defender su tierra de la empresa minera canadiense Excellon Resources.

De igual forma, en la región del Istmo de Tehuantepe­c diversas empresas españolas de energía eólica se han hecho de tierras comunales sin informar a los habitantes del lugar y realizando consultas que no cumplen con los requisitos internacio­nales.

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