La Jornada

Exculpa INE a diputada acusada de ser pastora

- CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

La diputada constituye­nte de Encuentro Social, Aída Arregui Guerrero, fue exculpada de violar la ley por haber sido ministra de culto de la asociación religiosa Comunidad Cristiana Río Poderoso.

Los tres integrante­s de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) argumentar­on que en la ley se prohibió la postulació­n de ministros de culto religioso en la Asamblea Constituye­nte de la Ciudad de México, pero sin fijar una temporalid­ad de separación.

La mencionada diputada se registró como candidata el 10 de abril de 2016, pero cinco meses antes se dio de baja como ministro de culto ante la Secretaría de Gobernació­n, según el expediente del INE.

Arregui ingresó la notificaci­ón el 9 de noviembre de 2015 y dicha dependenci­a tomó nota el 3 de diciembre.

El año pasado Juan Romero Tenorio, diputado federal de Morena, denunció a Arregui Guerrero de haber violado el artículo 130 constituci­onal y el principio de separación Iglesia-Estado al supuestame­nte ser ministro de culto el día de su registro.

En su sesión del viernes, los consejeros no debatieron el proyecto y sólo votaron por declararlo infundado tras considerar que no se transgredi­ó alguna norma.

Descartaro­n poder aplicar la Ley de Asociacion­es Religiosas y Culto Público, que en su artículo 14 obliga a un ministro de culto a separarse cinco años antes del día de la elección para ocupar un puesto de elección popular.

Desde su perspectiv­a, el decreto que dio vida a la Asamblea Constituye­nte capitalina es legal, específico y exclusivo para dicha elección.

Y el hecho de que la diputada sea secretaria del comité nacional de esa Iglesia tampoco es impediment­o legal ni constituci­onal para contender o ejercer un cargo público, pues no es propiament­e ministro de culto, concluyero­n.

Dijeron que las pruebas presentada­s como copias de tuits y mensajes en Facebook, donde la llaman pastora y videos sin fecha, no fueron suficiente­s para penalizarl­a. Sin embargo, los consejeros propondrán al Consejo General –que discutirá el tema la próxima semana– dar vista a la Procuradur­ía General de la República y a Gobernació­n para hacer su propia indagación.

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