La Corte revisa adecuada indemnización a víctimas
Las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales tienen derecho al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aun cuando hayan aceptado previamente un convenio de indemnización de parte de la institución responsable de los hechos, sostiene el proyecto de dictamen que discutirá la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un asunto en el que policías de Colima denunciaron violaciones a sus derechos a manos de marinos.
La propuesta, elaborada por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, sostiene que “el derecho fundamental de las víctimas a ser reparadas de manera integral por las violaciones cometidas a sus derechos humanos –en especial, como la acontecida en la especie, por la comisión de tortura y actos crueles e inhumanos–, no puede tener el carácter de renunciable, ni puede verse restringido por las necesidades económicas o presiones que puedan recaer en la víctima”, y le ordena a la CEAV determinar el monto de la indemnización correspondiente.
Indemnización complementaria
Además, en caso de que alguna autoridad ya haya otorgado alguna indemnización a la víctima, como parte de la reparación integral, tales conceptos deben ser considerados complementarios “para alcanzar la integralidad que busca la reparación”.
La propuesta ampara a agentes ministeriales de Colima, quienes se quejaron de haber sido detenidos arbitrariamente y torturados en la sexta Región Naval. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en favor de las víctimas; el quejoso solicitó a la CEAV la indemnización correspondiente, a lo cual ésta se negó con el argumento de que la compensación había sido cubierta por la Secretaría de Marina, además de que la comisión “no era un órgano revisor en materia de reparaciones”.
De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron a partir de una investigación de la Procuraduría General de la República, en la que se solicitó la intervención de los marinos en 2014, quienes, según la CNDH, retuvieron ilegalmente y torturaron a los policías en instalaciones navales.
La comisión se negó a reparar el daño con el argumento de que si el quejoso no estaba de acuerdo con el monto recibido de la Secretaría de Marina, hubiera interpuesto una queja, además de que resultaba improcedente “duplicar la aplicación de recursos en su favor”.