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Otro gasolinazo en puerta ◗ Más combustible al fuego Aumento: ¿8 por ciento?

uando el pasado 27 de diciembre anunció el megagasolinazo, con un aumento hasta de 24 por ciento en el precio del combustible, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, alegremente exigió a los consumidores “no asustarse” por el bonito regalo que les entregaba el inquilino de Los Pinos, es decir, el mismo personaje que les prometió que no habría más gasolinazos. Un mes después de tal exigencia, y a escasos días de que se registre un nuevo aumento en los precios de los combustibles (que entrará en vigor el 4 de febrero y que sería de 8 por ciento), todo indica que los únicos asustados son el inquilino de Los Pinos y el propio Meade, porque los consumidores, en realidad, no se asustaron sino que están verdaderamente encabronados, y las interminables protestas y manifestaciones por el regalo peñanietista dan cuenta de ello. De acuerdo con sus propias reglas divulgadas el 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda anunció que “los precios máximos ahora se ajustarán al alza con mayor frecuencia, comparada con la que se hizo en el presente año. Se comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en ese mes hacer dos actualizaciones en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria. El incremento responde al aumento en los precios internacionales de los combustibles, a la devaluación del tipo de cambio, pero no implica ninguna modificación o creación de nuevos impuestos” (La Jornada, Israel Rodríguez). Apesar de las crecientes protestas y manifestaciones, de que los sectores productivos y sociales se pronunciaron rigurosamente en contra y de que todos hicieron un llamado para que se reconsiderara la brutal medida, la respuesta gubernamental fue “ni un paso atrás”, porque no era posible, ya estaba cantada y ni modo de recular. Se tra- ta, dijo Meade, “de una decisión necesaria para cuidar la salud de las finanzas públicas”. Además, prometió, el megagasolinazo “no tendrá impacto importante en la inflación”. Y se quedó tan tranquilo. Más de un mes después de tan acertadas palabras, las protestas se mantienen y crecen, con miras a que suban de tono a partir del próximo gasolinazo (que entrará en vigor el 4 de febrero), mientras el Banco de México reporta que en la primera quincena de enero se registró la inflación más alta de los últimos 18 años para un periodo igual, como resultado del… megagasolinazo, es decir, el mismo que –decía Meade– no sería inflacionario. De acuerdo con el calendario oficial, el próximo viernes 3 de febrero se conocerá de qué tamaño es el segundo aumento del año, que entrará en vigor el día 4 y que podría llevar el precio del litro de Premium a 21 pesos (en el Distrito Federal). Una semana después, el 10 del próximo mes se aplicará el tercer incremento de 2017, que se haría efectivo a partir del día 11 (si se mantiene la tendencia el litro de Premium podría llegar a 23 pesos). Todo, para que a partir del 18 de febrero los precios de los combustibles se muevan todos los días. “Igualar los precios internos con los externos” es la premisa del gobierno peñanietista, pero resulta que (para dar una idea de qué se trata) actualmente el litro (equivalente) de Premium en Estados Unidos se vende a 14.32 pesos, es decir, 21 por ciento por debajo de México. Pero bueno, se acerca la fecha fatal (3 de febrero) para el segundo mandarriazo del año, y el gobierno peñanietista se enfrenta a dos tipos de protestas y enojos (léase encabronamiento) ciudadano, que al final de cuentas se toman de la mano: la provocada por la tremenda exhibida y zarandeada que Trump le puso al patético Peña Nieto en apenas cinco días de estrenado su gobierno, y la derivada del primer megagasolinazo que no sólo encareció los combustibles, sino todo tipo de productos de consumo básico. Pero los genios de Hacienda creen que echándole más gasolina al fuego apagarán la protesta ciudadana y que por fin hará realidad la exigencia del secretario Meade (los consumidores “no deben asustarse”), porque ayer reafirmó que “los tiempos previstos en el calendario (de aumentos a los combustibles) no sufrirán modificaciones, es decir, que los días 3 y 10 de febrero se establecerán nuevos precios para las gasolinas Premium, Magna y el diésel”. Y aquí no le pueden echar la culpa a Trump. Es la vieja política de “aquí sólo mis chicharrones truenan”, sin registrar de qué proporción es la hoguera. Ayer el propio José Antonio Meade dijo que el calendario se cumple porque se cumple, aunque aseguró que “se analiza la posibilidad de suavizar y minimizar el impacto por el incremento en los precios de las gasolinas”, pero de ninguna manera se cancelará el aumento, porque “se están evaluando variables como el tipo de cambio, el precio del petróleo para buscar un precio que afecte lo menos posible la economía”. Ajá, pero, ¿en serio cree que si incrementa 4 por ciento en lugar del 8 por ciento estimado la gente se lo va a agradecer, lo verá como una medida que “suaviza y minimiza” el mandarriazo y que, en fin, los estimulará para guardar pancartas y ahorrar mentadas? En su más reciente encuesta sobre el megagasolinazo (levantada entre el 14 y el 15 de enero de este año), el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados obtuvo los siguientes resultados: El aumento en el precio de las gasolinas generó múltiples críticas en contra del gobierno federal, que se materializaron en marchas en varias ciudades del país; las respuestas comunes fueron molestia, coraje y frustración; 98 por ciento de los entrevistados pronostican que el aumento en el precio de los combustibles generará incrementos en los precios de la canasta básica; cuando se les pregunta qué tanta responsabilidad tienen en el gasolinazo diferentes actores políticos, a los que más se menciona como muy responsables son: el gobierno federal (93 por ciento), el presidente (93), los diputados (88) y los senadores (87). Además, 95 por ciento creen que es necesario un foro nacional para analizar alternativas al aumento de los precios de los combustibles; 76 por ciento que los saqueos fueron orquestados para detener las manifestaciones en contra del megagasolinazo, y sólo 3 por ciento consideran que la situación político-social del país es buena. Pero insisten, y todavía exigen unidad.