ASTILLERO
◗ XH-EPN: telepresidente Virgilio, sobre las remesas 2018: alianza en radio y tv Javi y el segundo gasolinazo
nrique Peña Nieto atendió (ceder, o rendirse, implicaría que hubiera estado en contra) las presiones de concesionarios de radio y televisión que han dicho que la “libertad de expresión” y otros valores serían afectados con la entrada en vigor de los “Lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias”, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a partir de las facultades que le asignó el Poder Legislativo federal en 2013. Esos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre del año pasado y deberían entrar en vigor en la semana en curso. Contra esas disposiciones legítimas del Ifetel se ha levantado un revuelo sincronizado que pretende satanizarlas, acusándolas, entre otras cosas, de un intento de “censura”. En especial, la obligación, derivada de esos lineamientos, de diferenciar explícitamente lo que es informativo de lo que es opinión, en programas noticiosos, y lo que es publicidad pagada de lo que es el curso natural de programas de diversa índole. Con una vehemencia defensora de una libertad de expresión y un derecho a la información que en su mayoría no practican más que de manera sesgada, varios miembros de eso que se ha dado en llamar los “poderes fácticos” han hecho campaña contra los citados lineamientos. Un buen negocio ha sido mezclar propaganda política con periodismo y diversión (recuérdese el caso concreto del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, en Televisa como plataforma rumbo a 2012), así como el cincelado de la opinión pública a partir de gestos, inflexiones y comentarios abiertamente parciales de parte de conductores de programas de radio y televisión a la hora de “informar”, sin diferenciar explícitamente lo que es la información en sí y lo que es su personal parecer, genuino o inducido. Tales reclamos de las élites mediáticas electrónicas fueron abiertamente abanderados ayer por Peña Nieto, quien, bajo la guía de su consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, presentó una controversia constitucional (ante la amigable Suprema Corte de Justicia de la Nación) contra ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que “daban erróneamente atribuciones al Ifetel para regular el derecho a la información de los mexicanos”. Oh (opinión interjectiva que, en esta columna de opinión, se diferenció claramente de la información anterior mediante un punto y seguido, oh, sí). Con ese alineamiento con los empresarios de radio y televisión, Peña Nieto retoma el sentido de las alianzas comerciales y políticas de cara a los comicios inmediatos de este año, sobre todo en el estado de México, y los presidenciales de 2018. Es un retroceso claro y grave. Una pretensión obstructiva que obviamente le será muy aplaudida y correspondida por los concesionarios beneficiados. La reciente efusión de unidad nacionalista recibió el pasado viernes 27 un balde de agua fría: Virgilio Andrade Martínez, el comisionado para “limpiar” el expediente de las operaciones que desembocaron en la adquisición de la Casa Blanca por parte de la esposa de Enrique Peña Nieto, fue rehabilitado en términos de nómina, luego de medio año de haber dejado la Secretaría de la Función Pública, al ser nombrado director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). El mensaje fue inequívoco: se premia a quienes convalidan actos marcados por el conflicto de intereses y el tráfico de influencias (cuando menos), y se les recoloca burocráticamente en agradecimiento por los favores recibidos. Múltiples y profundas reservas podrían tener, para sumarse a ella, quienes eran jalados por la ola de “unidad nacional”, tan promovida por Los Pinos, pero una burla abierta ha sido la reivindicación de quien fue nombrado por un jefe (EPN) para que “investigara” si había actos de corrupción realizados por ese jefe, su esposa y, de pasada, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a quien Andrade Martínez debía y debe el mayor empuje a su carrera administrativa. La reincidencia en el uso de los servicios oscuros de Virgilio Andrade (su antecesora, María Fernanda Casanueva de Diego, duró tres meses al frente de Bansefi, y ahora despacha como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores) no tiene, sin embargo, solamente los ingredientes del cuatismo implacablemente practicado en la administración de Peña Nieto. Va más allá: ante la eventualidad de que Donald Trump decida incautarse de parte de las remesas de los paisanos, ¡Virgilio, y otros directores de la banca mexicana de desarrollo, nombrados junto con él, meterá mano en el asunto! En diciembre del año recién pasado se lanzó desde ese banco gubernamental la campaña denominada “Más pesos por tus dólares: promoción tipo de cambio preferencial”, con la cual se pretende “posicionar el servicio de Bansefi en la Unión Americana”. La base operativa corresponde a Bancomer Transfer Services, y así los paisanos pueden enviar dinero a México a través de las firmas denominadas Intercambio Express, Golden Money Transfer, Girosol, Unidos Financial, TransFast, Dinex y Choice Money Transfer (https://goo.gl/jMuXfm ). Ayer, para darle formalidad al asunto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que Peña Nieto enviará una iniciativa de ley para que la banca mexicana de desarrollo (Bansefi y demás) pueda “aprovechar” la tecnología para el envío y recepción de remesas de mexicanos en el extranjero. Virgilio, y el virgilismo superior, atacan de nuevo. Tal vez el mejor análisis al respecto sea lo que algún internauta no identificado subió ayer a las redes, montado en una fotografía del actor Luis Gerardo Méndez, muy conocido por su papel de Javi en la película Nosotros los nobles: “Inventamos un segundo gasolinazo, hacemos como que lo cancelamos y ¡pum, güey, la gente se olvida del primero y hasta nos hace héroes!” (https://goo.gl/voPnq0). Y, mientras continúan y se fortalecen las protestas contra el primer gasolinazo y sus consecuencias, ¡hasta mañana!