La Jornada

Prioridad, el marco legal para militares, dice el PRI

Concluye su reunión plenaria

- ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

El Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI) en la Cámara de Diputados anunció que entre las prioridade­s de su agenda legislativ­a está discutir y aprobar una ley de seguridad interior que “justifique y legitime la presencia de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y la consecució­n de la seguridad, con respeto absoluto a los derechos humanos”.

Al concluir ayer la reunión plenaria de los diputados priístas, su coordinado­r, César Camacho Quiroz, informó que buscará los consensos con las otras fuerzas políticas para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, y confirmó que se retomará la discusión de las minutas del Senado en materia de trata de personas y tortura.

El PRI también buscará que se apruebe su iniciativa de reforma constituci­onal para eliminar 100 diputados plurinomin­ales y 32 senadores de representa­ción proporcion­al, y expresó su respaldo a la minuta del Senado que modifica la Ley General de Salud y el Código Penal federal para regular el uso medicinal de la mariguana.

Respecto del marco legal para operativos militares en las calles, Camacho Quiroz sostuvo que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina “gozan de una reputación merecida y los diputados les debemos una legislació­n suficiente que legitime su intervenci­ón en el combate al crimen organizand­o”.

Aclaró que esa ley deberá incluir la obligación de los estados y municipios por capacitar y adiestrar a sus policías, “para que no haya dependenci­a eterna del Ejército y la Marina, cuando de seguridad se trata”.

Ante la exigencia del Ejército y la Marina para una legislació­n en esta materia, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado y el PRI en la Cámara de Diputados presentaro­n sus respectiva­s iniciativa­s.

Camacho Quiroz –quien propuso la del tricolor– dijo que una ley de este tipo debe garantizar el respeto cabal a los derechos humanos y “que nadie pueda subvertir el orden jurídico y menos atropellar los derechos de las personas con el pretexto de una eficacia policiaca”.

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