Respetará autonomía de universidades la revalidación de estudios, dice la SEP
Los senadores de PRI, PAN y PRD que integran la Operación Monarca anunciaron que, además de un intenso trabajo de diplomacia parlamentaria, van a proponer reformas en materia de población, para normar las deportaciones de migrantes mexicanos, así como cambios a legales que eliminen el pago de impuestos en la repatriación del menaje y ahorros de quienes sean regresados de Estados Unidos.
En conferencia de prensa, detallaron que durante el encuentro que sostuvieron un día antes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acordaron trabajar en acciones conjuntas para la protección de los migrantes, sobre todo de los que sean expulsados.
El senador Jesús Casillas (PRI) comentó que se harán modificaciones a la Ley de Población para incorporar políticas que ya operan en materia de deportación, entre ellas que la expulsión de connacionales se haga de manera coordinada con Estados Unidos.
Explicó que, según detalló Osorio Chong, hay un acuerdo con las autoridades estadunidenses para que los mexicanos sean regresados por 11 puntos fronterizos ya pactados.
Resaltó que otras políticas que el gobierno federal lleva a cabo desde 2014, entre ellas el registro de quienes son deportados para saber si tienen antecedentes penales, su escolaridad y capacidades, deben reflejarse en La simplificación de requisitos para revalidar estudios o aplicar una equivalencia de los mismos, como propone el presidente Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a La Ley General de Educación, respetará la autonomía de las universidades públicas federales y estatales, a las que sólo se harán “recomendaciones”, informó Emiliano González Blanco, director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sin embargo, apuntó que entre las nuevas medidas que se busca aplicar está otorgar facultades a las universidades privadas y afiliadas a la SEP para realizar dicha tarea e incentivar nuevos mecanismos, como la validación electrónica de antedentes académicos, así como la “flexibilización” del de equiparación, que hasta hoy establece que los estudios que quieran revalidar tienen que asemejarse a los que se imparten en México.
“Se busca que no sólo exista una comparación de planes y programas de estudio, también de su duración, de los créditos académicos y sobre los conocimientos que se deben adquirir. Elementos que se tomarán en cuenta para definir si se puede o no hacer la revalidación de estudios”, indicó González Blanco. Dijo que no será la SEP la única institución encargada de esta tarea.
En México, explicó, había casos en que una persona estudiaba fuera del país con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y cuando regresaba “no podía equiparar su formación con un programa impartido en el país. Por eso estamos flexibilizando ese concepto, a fin de que no tenga una homologación lineal”.
En entrevista con La Jornada, señaló que desde el pasado 31 de enero la SEP emitió una circular a las autoridades educativas locales y federales, responsables del ingreso de menores a la educación básica y media superior, para que “se garantice lo que señala la Constitución en cuanto a que, bajo ninguna circunstancia, se podrá obstaculizar el acceso a la enseñanza de niños y adolescentes, incluso si no cuentan con documentos oficiales”.
Además, dijo, las acciones anunciadas por la SEP el pasado martes contemplan cambios al acuerdo secretarial 286, que define los lineamientos para la revalidación de estudios en el extranjero, la equivalencia para programas cursados en el sistema educativo nacional, así como los procedimientos para la acreditación de conocimientos y competencias laborales, y que son concurrentes para estados y Federación.
Indicó que esta semana se presentarán las modificaciones a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y, de aprobarse, se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
La SEP se apoyará, dijo, en las instituciones de nivel superior para que “nos ayuden a validar la información que proporcione los interesados en continuar sus estudios”, a fin de evitar posibles fraudes académicos.