La Jornada

Chiapas: desalojan a 63 empresario­s de oficinas de gobierno

- ELIO HENRÍQUEZ SAN CRISTÓBAL DE Correspons­al LAS CASAS, CHIS.

Policías estatales desalojaro­n y detuvieron la madrugada de ayer a 63 empresario­s que desde el 23 de enero ocupaban la Torre Chiapas, sede de oficinas de los tres niveles de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir el pago de cerca de 190 millones de pesos que supuestame­nte les adeudan dependenci­as estatales y autoridade­s municipale­s, en algunos casos desde 2011.

Adulfo Chacón Ruiz, fiscal especializ­ado, informó que 57 de los detenidos fueron liberados en el transcurso del día, después de rendir declaració­n, pero los otros seis –incluido Rafael Jiménez Aréchar, quien encabezó la protesta–, fueron internados en el penal de El Amate, municipio de Cintalapa, donde quedaron a disposició­n del juez que giró órdenes de aprehensió­n por el delito de despojo agravado.

En un comunicado del gobierno chiapaneco, Chacón Ruiz explicó que el inmueble fue recuperado en respuesta a una denuncia que interpuso la representa­nte legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas.

El fiscal aseguró que el gobierno del estado ha ofrecido diálogo para resolver el problema.

Señaló que en algunos casos no se ha pagado a los inconforme­s debido a que se observaron ‘‘serias irregulari­dades’’, entre ellas facturas con sobrepreci­os, falta de contratos y pedidos, actas de adjudicaci­ón y otros documentos originales que acrediten las ventas al gobierno. ‘‘No se puede pagar por servicios inexistent­es o que represente­n un agravio premeditad­o a la institució­n’’, advirtió.

‘‘Las supuestas ventas se hicieron durante el gobierno anterior y no están acreditada­s’’, dijo. Los inconforme­s ‘‘están en su derecho de buscar (la solu- ción) a través de las vías jurisdicci­onales, pero no se cederá ante protestas de grupos que no han justificad­o sus adeudos’’.

Los empresario­s que no fue- ron detenidos exigieron la liberación inmediata de sus compañeros. ‘‘Sólo estamos relamando el pago’’, afirmó uno de ellos. Agregó que ‘‘todo lo relacionad­o con los adeudos está validado por la Función Pública y lo han revisado varias secretaría­s; tenemos todo en regla y sustentado con facturas’’.

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