Protección a personas defensoras
a reciente visita a México del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores en este renglón hizo que, de nueva cuenta surgiera un llamado de atención al Estado mexicano para hacer frente a la severa crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Retomando lo que el relator mencionó, debemos decir que, efectivamente, la labor de defensa de los derechos humanos hoy, en México y en el mundo, se hace muy necesaria, urgente y vital para el desarrollo de democracias incluyentes, libres de odio y discriminación. Y que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados en derechos humanos, el trabajo de personas y colectividades defensoras apremia a construir y fortalecer sociedades sin miseria ni miedo.
La visita oficial cobra también relevancia en medio de una creciente criminalización y persecución hacia defensores de derechos humanos, así como señalamientos contra organizaciones sociales, que incluyen descalificaciones y ataques por agentes del Estado. Quedó además documentada en esas agresiones la participación activa de actores no estatales, como empresas, el crimen organizado y algunos grupos religiosos hegemónicos, que son ahora considerados por el relator como partícipes en las violaciones a los derechos humanos de defensores. Es inadmisible e indignante que al inicio de la visita, Isidro Baldenegro, activista en la defensa de los bosques y de sus comunidades rarámuris, fuera asesinado, pues es una muestra más de las situaciones que se enfrentan en México cuando se participa en la defensa de bienes comunes, derechos inalienables y la misma dignidad.
El relator escuchó de viva voz los testimonios de alrededor de 800 defensores, y cabe resaltar que 60 por ciento fueron de mujeres comprometidas en labores de defensa de derechos humanos, lo que es relevante, ya que son ellas las que reciben los mayores impactos de las campañas permeadas de misoginia y sexismo en su contra.
Resaltó también el relator que durante su vista pudo constatar que entre los principales grupos de defensores afectados están aquellos que participan o se relacionan con pueblos indígenas y con la custodia de derechos sociales. Y quienes acompañan o son parte de colectivos LGBTI, defienden a migrantes o son informantes (whistleblowers), periodistas o familiares de personas desaparecidas. En esta visita fue casi inédita la reunión que sostuvo con religiosos o que participan en la defensa de derechos desde sus diferentes confesiones, quienes también enfrentan los ataques de agentes del Estado y se ven vulnerables frente a grupos religiosos hegemónicos y sus autoridades jerárquicas. En este abanico de testimonios, de entrevistas con funcionarios públicos, titulares de gobierno e instancias autónomas, el relator Michel Forst se hizo consciente de algunos aspectos que el Estado y la sociedad deben atender de manera inmediata en México. Como puede verse en el Informe de cierre de misión (https://goo.gl/f1QZ2q), el relator apremia al Estado mexicano a que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos se dé bajo un “enfoque integral, sistémico y participativo”. Y en las primeras recomendaciones ahonda en la necesidad que tienen de contar con un reconocimiento público del Estado a la labor que hacen, al tiempo que se requiere que éste garantice investigaciones prontas e imparciales en casos en los que se afecta su integridad. Esto sería primordial en medio del clima de descalificaciones que padecen, pues sabemos incluso de campañas difamatorias que