Admite juzgado capitalino amparo ciudadano por el alza a gasolinas
El juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió el primer amparo ciudadano contra el aumento a la gasolina en el país, informó el consejero jurídico Manuel Granados Covarrubias; agregó que abogados de la dependencia a su cargo apoyaron al quejoso en la elaboración del recurso.
Refirió que como parte de la estrategia jurídica propuesta por el Gobierno capitalino, se denuncia la violación a los principios de igualdad y legalidad, al imponer precios máximos distintos a las gasolinas y el diésel.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que se verá cuáles son las decisiones que toma el Poder Judicial de la Federación en los amparos que se otorgaron.
“Estaremos en ese litigio, porque pensamos que es absolutamente injusto crear estas diferenciaciones de precios”, reiteró, luego de firmar el convenio del programa El médico en tu casa con la administración de Sinaloa.
Al preguntarle sobre la decisión del gobierno federal de no aumentar el precio de la gasolina este sábado, como estaba previsto, el mandatario capitalino remarcó que es absolutamente injusta la diferenciación de precios.
“La única justificación que encuentro es en los estados fronterizos, donde es obvia la necesidad de la estabilización de precios para poder ser competitivos con Estados Unidos”, puntualizó.
En la Ciudad de México, Granados Covarrubias detalló que el Poder Judicial analiza los argumentos que se dieron por el precio diferenciado de los combustibles y la regionalización del país.
Recordó que esta admisión se suma al otorgado por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa presentado por el maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México Jesús González Schmal, Autoridad del Centro Histórico.
El funcionario confió en que la decisión del juez federal servirá para que la “sociedad observe que la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México es sólida y eficaz”.
El consejero puntualizó que el hecho marca un precedente en la batalla legal que enarbola el Gobierno capitalino para echar abajo el alza a los precios de las gasolinas y el diésel.