El archivo general, amenazado por recorte de más de 70% y merma de sus facultades
“Ha sido muy difícil sensibilizar a la alta administración pública”: De Vega Inconclusa, su nueva sede, en la que los documentos serán resguardado en condiciones óptimas
El Archivo General de la Nación ( AGN) está inmerso en una coyuntura compleja que comienza a pasar factura: asfixiado financieramente con un presupuesto al que recortaron más de 70 por ciento respecto a 2016 y, por otro lado, con una iniciativa de ley general de archivos que pretende replantear facultades, pero con una estructura sometida a la Secretaría de Gobernación.
“Es un recorte drástico – resume su directora, Mercedes de Vega–, pero seguimos negociando la posibilidad de que esta situación se resuelva. Veo un horizonte favorable, aunque no sabría con certeza cuándo se revertirá. Estamos confiados en la sensibilidad para concluir la construcción del nuevo edificio.”
La Secretaría de Hacienda determinó un drástico recorte para 2017, justo cuando, tras casi dos años de retraso, se vislumbra que el Congreso apruebe la nueva ley general de archivos.
De Vega es cautelosa sobre el futuro del AGN en este nuevo marco legal: “eso lo decidirán los legisladores”, aunque tiene claro que la comunidad archivística e investigadores censuran que se confiera a la Secretaría de Gobernación el control del Consejo Nacional de Archivos, sobre el AGN.
Su preocupación inmediata es la financiera. No es el primer año que le han recortado los recursos, lo que ha provocado que ya desde 2016 se cancelaran más de 40 plazas de honorarios. La consecuencia, según su directora: “nos hemos visto obligados a cerrar el turno vespertino los lunes y los viernes, pues ahora esos días se atiende hasta las 3 de la tarde y no hasta las 5, como antes”.
De Vega sostiene que más allá del obligado recorte de personal, “donde estamos sufriendo una reducción tremenda es en los capítulos 6 mil (obra) y 5 mil (equipamiento), que incluye equipos técnicos y de laboratorio. Sufrimos una reducción de 79 por ciento, en términos de nuestro presupuesto general”, aunque explica que por ahora la operación está garantizada.
El impacto más fuerte repercutirá en el inconcluso nuevo edificio, proyecto originalmente concebido en 2009, pero cuya construcción comenzó en 2012. La obra en general ha sido concluida, pero falta lo fundamental: las adecuaciones tecnológicas y el suministro de energía, fundamental para la preservación de los archivos.
“Ya logramos acondicionar y poner en operación parte del edificio, con tecnología de punta. Es realmente un laboratorio notable en términos de equipamiento, uso de tecnología para restauración de documentos. Es realmente impresionante lo que está ahí. La idea era terminar el año pasado, pero también hubo recortes.”
De Vega agrega: “toda la documentación ya está en el edificio de acervos, excepto lo que está en la galería ocho. Esa es una de las partes que más nos preocupan, porque los documentos ya se trasladaron. No podíamos esperar a que se concluyera la obra y después pasarlo, porque teníamos que realizar el acondicionamiento del edificio histórico y lo teníamos que vaciar”.
Aunque descarta riesgos para la documentación, admite que no son las condiciones idóneas, de ahí el apremio por concluir la obra. “Hay fondos importantísimos: el fondo de inquisición, el de tierra, el de presidentes, otro dedicado a operaciones de guerra. Hay más de 500 fondos que queremos preservar en las mejores condiciones posibles”, advierte la directora del AGN, quien ubica los orígenes de la institución en 1550, lo que enfatiza su importancia como memoria histórica e instrumento de buen gobierno para garantizar la herencia a futuro.
“Ha sido muy complicado sensibilizar a la alta administración pública en materia de archivos. Es un tema de cultura, educación, buena administración, buen gobierno. Hay que sensibilizarla para que se destinen a todos los archivos históri- cos y de concentración la importancia que merecen. No hay una buena administración si no hay una buena gestión documental. Más ahora que también por una mala gestión se pueden poner en riesgo los datos personales de los ciudadanos.”