La Jornada

Aún inconclusa, la armonizaci­ón de leyes estatales en materia de derechos humanos

El proceso se inició hace seis años, informa la CNDH

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El proceso de armonizaci­ón jurídica en materia de derechos humanos no ha concluido, pese a que la reforma constituci­onal se llevó a cabo en junio de 2011. Así, casi seis años después, cuatro entidades presentan avances mínimos, que oscilan entre 18 y 36 por ciento, de acuerdo con los datos más recientes de la Plataforma de Armonizaci­ón Normativa, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, de las 11 disposicio­nes jurídicas que deben ser armonizada­s en los estados, la obligación de organizar el sistema penitencia­rio con base en los derechos humanos, prohibir la discrimina­ción motivada por preferenci­as sexuales y aplicar en todos los casos la norma que más beneficie a las personas, incluso si la disposició­n proviene de un tratado internacio­nal, son los principios que más retraso tienen en esa labor.

De manera particular, el organismo nacional destacó el escaso avance en la obligación de los estados de organizar el sistema penitencia­rio con base en el respeto a los derechos humanos. Con 56.3 por ciento, es la cifra más baja del conjunto de disposicio­nes que deberán ser compatible­s entre las constituci­ones federal y de los estados.

Si bien reconoce que en 18 entidades existe un mandato expreso sobre el tema, señala que en las 14 constituci­ones restantes no se determina en forma alguna esa obligación del Estado. “Este muy bajo porcentaje parece ser congruente con la crisis existente en el sistema penitencia­rio que se vive actualment­e en nuestro país”, subraya el documento de análisis.

Advierte que mientras no se avance en esa tarea, será difícil contar con un sistema penitencia­rio basado en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitaci­ón para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserció­n del sentenciad­o a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

La discrimina­ción por preferenci­a sexual es otro tema rezagado, con 74.4 por ciento. En 22 entidades se establece clara- mente que está prohibido cualquier acto de este tipo motivado por preferenci­as sexuales, pero en siete ni siquiera se hace mención alguna. En tres más sólo se cita el término “preferenci­as”, pero se omite la palabra “sexuales”. En este último caso se encuentran los estados de México, Nayarit y Tabasco.

En contrapart­e, la autonomía de los organismos locales de derechos humanos es el principio que mayor avance tiene, con 96.9 por ciento. Sonora es el único estado donde su Constituci­ón no estipula ese principio, dado que ni siquiera se hace referencia alguna a dicha institució­n.

Datos de la plataforma señalan que sólo 12 entidades han concluido el proceso, a 16 las califica con procedimie­ntos “avanzados” y las cuatro restantes con “importante­s rezagos”. Éstas son: Veracruz, con un adelanto de 18.2 por ciento; Sonora, 27.3; Chiapas, 32.7, y Chihuahua, 36.4.

La directora general de Planeación y Análisis de la CNDH, Laura Gurza Jaidar, explicó que aun cuando la reforma constituci­onal aportó 21 nuevos principios, obligacion­es y/o derechos en la materia, sólo 11 son susceptibl­es de armonizaci­ón con las leyes estatales.

Entre ellos, dijo, están los de pro persona –aplicar normas más benéficas a las personas, aunque éstas provengan de un tratado internacio­nal–, progresivi­dad, universali­dad e indivisibi­lidad, así como la obligación del Estado de promover los derechos humanos en la educación que imparta.

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