El gasolinazo y la gobernabilidad
nero me gustó pa’ que te vayas, le cantan integrantes de la Asamblea del Pueblo a Francisco Kiko Vega, gobernador panista de Baja California, parafraseando la letra de Amarga Navidad, de José Alfredo Jiménez. Y, al grito de ¡Fuera Kiko!, exigen la renuncia del mandatario.
El malestar por el gasolinazo no cesa. El 28 de enero, una multitud enfurecida le exigió al gobernador una reunión, y cuando, en lugar de recibirlos él puso pies en polvorosa, lo persiguió al salir de sus oficinas, le gritó ratero y lo zarandeó. Entre empellones, su equipo de seguridad tuvo que emplearse a fondo para que su jefe terminara, sano y salvo, su graciosa huida.
Unos días después, el 2 de febrero, en Zacatecas, integrantes de la Asamblea Estatal de Resistencias Ciudadanas y Civiles tomaron el pleno del Congreso del estado. La asamblea está integrada por diversas organizaciones, campesinos y ciudadanos sin partido. Exige a los legisladores locales la realización de un periodo extraordinario de sesiones para derogar los impuestos que propuso el gobernador del PRI, Alejandro Tello Cristerna.
Los ocupantes del Congreso entonaron el Himno Nacional y guardaron “un minuto de silencio por la Constitución Política de 1917, cuyo espíritu ha muerto”. Efectuaron una “sesión del pleno popular”, y leyeron un exhorto en el que exigen: dar “marcha atrás al gasolinazo; eliminar el fuero, bonos y prerrogativas a legisladores y partidos políticos; reducir el salario de todos los diputados, y subsidio al campo.
El 26 de enero, integrantes del colectivo Guanajuato Despertó tomaron durante algunas horas las instalaciones del nuevo Palacio Legislativo en la entidad. Demandaron el desafuero inmediato del Presidente; revertir el aumento al precio de combustibles; la abrogación de las leyes contenidas en la reforma energética, y atender puntual y estrictamente otras demandas del pueblo.
Apenas el pasado 5 de febrero, 12 mil personas del movimiento No al gasolinazo marcharon en Hermosillo y trataron de ocupar el edificio del Congreso. Diversos problemas logísticos les impidieron hacerlo.
El 19 de enero, pobladores del Valle de Mezquital, Hidalgo, retuvieron en la batea de una camioneta a cuatro diputados locales del PRI durante una hora. Exigieron la presencia de los legisladores de la entidad, para derogar el aumento a las gasolinas y hacer justicia a los dos jóvenes de Ixmiquilpan asesinados por la Policía Federal el pasado 5 de enero.
Esa inconformidad está articulada en torno al Movimiento Civil contra el Gasolinazo. Acusan de traidor y vendido al alcalde panista Pascual Charrez. El 26 de enero sus integrantes llegaron a la presidencia municipal a caballo y en vehículos, y colocaron dos mantas contra el edil con mensajes como “Pascual asesino, te olvidaste de quienes te apoyamos”.
Simultáneamente a esas acciones, los más disímbolos grupos ciudadanos en prácticamente todo el país siguen protestando: tomas de casetas, obstrucción de carreteras y marchas pacíficas. Apenas el pasado primeo de febrero, en Reynosa, Tamaulipas, ex trabajadores de Pemex bloquearon la salida de pipas de una planta de la petrolera.
Estas protestas representan para las autoridades gubernamentales un severo problema de gobernabilidad. Lo son, al menos por seis razones.
Primero, porque si las distintas policías recibieran la orden de reprimir simultáneamente todas estas expresiones de rabia social, no podrían hacerlo por falta de elementos. En lugar de apaciguar los ánimos, el uso de la fuerza pública para desalojar plantas de Pemex y carreteras, radicalizó y extendió el encono social.
Segundo, porque los representantes del gobierno no tienen en muchos casos con quién negociar. Las organizaciones tradicionales y los partidos políticos fueron rebasados por la ola de enfado y, a más de cinco semanas de su estallido, siguen sin poder conducirla. Esos nuevos liderazgos emergentes son abiertamente antipartidos y han comenzado a estructurarse regionalmente, formado frentes y asociaciones, que garantizan la permanencia y continuidad de la protesta.
Tercero, porque el descontento ciudadano tiene una base pluriclasista. Aunque en las movilizaciones participan gremios organizados, su dinámica no es gremial. Eso hace que el gobierno no tenga margen para desmontar el encono ciudadano solucionando demandas laterales.
Cuarto, porque la lucha contra el gasolinazo se convirtió, en varios estados, en conducto para canalizar viejos agravios y problemas no solucionados. El aumento a los combustibles fue la gota que derramó el vaso de la inconformidad. El resultado final es un explosivo coctel de irritaciones sociales.
Quinto, porque el choque directo con gobernadores, la ocupación de congresos y el bloqueo masivo de oficinas públicas son un indicador de que la radicalidad y la extensión de la lucha social en el país está pasando a otro nivel. Estamos ante un grado de insubordinación ciudadana inédita, emparentada (aunque distinta) con la explosión solidaria hacia el EZLN que se vivió en 1994, con la lucha de la APPO en 2006 y con los 124 días de insurgencia magisterial de 2016.
Y sexto, porque la necesidad gubernamental de contar con recursos frescos y su pretensión de ofrecer márgenes de ganancia elevados a los inversionistas del sector, choca de frente con la demanda de dar marcha atrás al incremento de los precios de los hidrocarburos. Por lo pronto, la moviliación ciudadana obligó ya a la SHCP a cambiar su política.
Nada parece indicar que el sentimiento nacionalista abierto por la guerra comercial que Donald Trump declaró a México pueda suprimir o mitigar la expresión masiva de este profundo descontento. El enojo ciudadano es muy profundo y los variopintos llamados a la unidad nacional hechos por diversos actores no tienen asidero para atemperarlo. Con permiso de José Alfredo, la multitud le seguirá cantando a los políticos y funcionarios: Febrero me gustó pa’ que te vayas…
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