La demanda de SCT, ‘‘acto de censura’’ que inhibe la participación de la IP: Rivada
Rivada Networks, la empresa que fue descalificada durante el proceso de licitación para operar la Red Compartida en el país, afirmó este lunes que enfrentará la demanda que por difamación entabló en su contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la cual calificó de ‘‘un acto de censura’’.
La compañía dijo que no ha sido notificada de la demanda anunciada por la SCT el domingo y manifestó su disposición a enfrentar el proceso, porque constituye un hecho histórico y sin precedentes a escala global.
‘‘El que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de asociación público privada por los riesgos que ello implica’’, afirmó Rivada Networks.
La empresa señaló en un comunicado que en diciembre pasado la SCT informó del comienzo de la demanda en su contra en cortes de Estados Unidos, y un recurso similar ya fue interpuesto en el Poder Judicial de la Federación, en México.
‘‘Los argumentos que ha presentado Rivada se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un juez. Por lo tanto, la empresa reitera que mantendrá distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos de la misma’’, dijo la compañía.
El domingo la SCT informó que presentó una demanda por daño moral en contra del consorcio Rivada Network y su presidente, Declan Ganley.
Según la dependencia, la demanda fue presentada ante el Poder Judicial de la Federación y representó un hecho inédito en una dependencia del gobierno federal.
La SCT expuso que la demanda es una respuesta ‘‘a la campaña de desprestigio que Rivada y su presidente iniciaron, después de su legal descalificación en el concurso de la Red Compartida. Esta campaña de descrédito afecta el decoro, el prestigio y la reputación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, abogado del gobierno federal, es la primera que por daño moral presenta una dependencia federal’’.