Universitarios participan en relevo directivo en Filosofía
La orden, del Inai; comisión negó datos a un particular Informará la Cofepris sobre permisos para compra de mota con fines de investigación
La comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comienza a participar en el proceso de relevo de la dirección de esa entidad académica para el periodo 2017-2021, pues en días Gloria Villegas dejará el cargo tras dos periodos al frente.
Una semana después de que la Secretaría General de la UNAM abrió la convocatoria para la sucesión en una de las facultades de mayor tradición, varios sectores ya comienzan a movilizarse, con el fin de sumarse a los debates y lograr que la decisión –que recaerá en los 15 integrantes de la Junta de Gobierno (JG)– “sea lo más conveniente para el porvenir” de la facultad.
Los dos consejeros universitarios profesores, 12 del Consejo Técnico y los dos del Consejo Académico de Área, han citado a varias reuniones con sus colegas, con el propósito de enriquecer un documento titulado Hacia la agenda de la Facultad de Filosofía y Letras. La idea es presentar “una expresión genuina” sobre lo que se espera para la facultad. En su elaboración han participado ya más de un centenar de profesores.
Las prioridades
Un punto de “primer orden” que plantean, que el próximo director deberá afrontar, es la recuperación del auditorio Justo Sierra, conocido como Che Guevara por la mayoría de los universitarios.
Otras propuestas son: que se atienda el comercio ambulante en espacios comunes de la facultad; se dé mayor impulso al trabajo académico, pues “en años recientes hemos experimentado un creciente desprecio por la labor docente, tendencia que resulta imperioso revertir”; se retome la difusión de la cultura, y se equilibre el apoyo para los investigadores de la FFL en relación con el que se da a los de centros e institutos de investigación, entre otros.
El documento, cuya versión final será presentada en breve, se entregará al rector de la UNAM, Enrique Graue; a la JG, “para que sea contemplado en sus valoraciones para el nombramiento”, y a los académicos que formen parte de la terna que competirá por la dirección, para que “públicamente se manifiesten sobre el contenido”.
Por otro lado, académicos han convocado para que mañana la comunidad participe en un diálogo-reunión con los aspirantes al cargo. Posteriormente se realizaría una consulta en urnas, a fin de que los asistentes manifiesten de manera secreta sus preferencias para conformar la terna. Los resultados serán enviados al secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, y se darán a conocer en toda la facultad.
En información proporcionada a La Jornada, el Conacyt indicó que si bien los estímulos ya no están tasados en salarios mínimos, como hasta el año pasado, aun así en 2017 “se incrementaron 3 por ciento, índice promedio que ha aumentado durante los pasados 10 años”.
El lunes pasado este diario publicó el desconcierto que ha causado entre académicos y científicos del país las recientes modificaciones al reglamento del SNI, particularmente en lo que corresponde a los estímulos económicos que reciben sus más de 28 mil integrantes.
A partir de 2017, estipulan las nuevas normas, dichos ingresos serán tasados en montos fijos, cuando hasta el año pasado era en salarios mínimos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informar sobre el número de permisos que ha otorgado para la adquisición de mariguana con fines de investigación científica.
Con ello modificó la respuesta a un particular que requirió datos sobre dichas licencias concedidas durante el último año y le ordenó una búsqueda exhaustiva de los años recientes.
Al justificar la determinación del Inai, el comisionado ponente, Joel Salas, cuestionó que la Cofepris haya asumido un criterio restrictivo al realizar la búsqueda y explicar que en los pasados 12 meses no encontró ningún documento que acreditara el otorgamiento de permisos.
“La información pública sobre investigación científica es el insumo para que los defensores de las distintas perspectivas aporten argumentos basados en evidencia para llegar a una política antidrogas adecuada”, destacó.
Para Salas, la Cofepris no realizó una búsqueda exhaustiva a partir de un criterio no restrictivo, por lo que el agravio al particular con la supuesta inexistencia de la información es improcedente.
En la petición se requería el número de permiso, la fecha en que se dio, la denominación o nombre comercial del permisionario, el titular de la licencia y/o permiso, la materia, el resultado de las investigaciones realizadas o el estatus de la misma, y la forma en que se utilizó la cannabis.
Por ello, el Inai instó al organismo a la realización de una nueva búsqueda de la información solicitada, con un criterio amplio, sin sujetarse a un periodo definido en los archivos de todas las unidades administrativas que considere competentes, entre las que no podrá omitir a la Comisión de Autorización Sanitaria y la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Químicas, y entregue la misma al particular.