Líderes sindicales de la Unison aprovechan cargos para subirse sueldos y prestaciones
Pese a llevar tres semestres sin impartir clases en la Universidad de Sonora (Unison), los 11 miembros del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) aprovecharon sus cargos para duplicar su sueldo y prestaciones hasta en 50 por ciento, lo que significa recursos por 3 millones 305 mil pesos al año del presupuesto de la casa de estudios.
Una solicitud de acceso a la información, con fecha del 11 de enero de 2017, reveló que el secretario general, Javier Quintanar Gálvez, aumentó su sueldo integrado mensual de 28 mil 491 pesos a 38 mil, mientras el secretario de organización, Jesús Antonio Molina Ballesteros, pasó de ganar 12 mil 268 a 25 mil 600 pesos. En suma, Quintanar Gálvez y Molina Ballesteros ganan más de 900 mil pesos al año; sin embargo, tienen tres semestres sin asistir a las aulas por contar con un permiso sindical emitido por ellos mismos.
Además, los integrantes del comité, Juan Antonio Pavlovich, Jaime Ubaldo Verdugo, Gustavo Ozuna Huerta, Jesús Antonio Molina, Jesús Ignacio Ibarra, María Eugenia Flores, Olimpia Ofelia Cortez, Francisca Zamorano, Javier Martín Quintanar, Ignacio Humberto Cruz y Cuauhtémoc González, agregaron a su nómina mensual un bono de compensación equivalente a 11 por ciento.
El mismo documento oficial notificó que ocho de los 11 integrantes del comité ejecutivo del Staus pasaron de ser maestros de horas a tiempo completo, sin pasar los concursos de oposición y cumplir con el estatuto del personal académico, que contribuye a la promoción de los docentes.
En entrevista, Javier Quintanar negó la existencia de dichos sobresueldos. “Es mentira eso; lo que tenemos son 12 plazas de tiempo completo determinado, que es lo que dura el comité”. No obstante, los documentos administrativos emitidos por la Unison muestran lo contrario.
La revelación de estas prebendas del comité ejecutivo del Staus surge en medio del proceso para elegir al nuevo rector de la universidad, donde el sindicato politizó el proceso con denuncias por presuntos actos de corrupción contra la administración 2009-2017 del rector Heriberto Grijalva Monteverde, a quien acusan de un adeudo de 145 millones con el sistema de salud, pensiones y jubilaciones.