La Jornada

Diputados no rinden cuentas sobre el uso de $202 millones para transporte

Destinan a salarios 49.5% de partida para mantenimie­nto

- ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

En el ejercicio del gasto en 2015, la Cámara de Diputados incurrió en una limitada rendición de cuentas, advierte el Informe del Resultado de la Fiscalizac­ión Superior de la Cuenta Pública 2015.

De los 202 millones de pesos que se destinaron para el apoyo de transporte a los legislador­es, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refirió que los diputados no comprobaro­n el uso de esos recursos para tal fin, por lo que será necesario retener los impuestos que se deriven de esa cantidad.

Mediante un convenio entre la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados se autorizó una erogación de 500 millones de pesos más al presupuest­o para destinarlo a la compra de material eléctrico, mantenimie­nto menor de inmuebles, equipos de software y equipamien­to en construcci­ones. De esa cantidad, sólo se justificó 44 por ciento (223 millones) del listado de requerimie­ntos y el monto más elevado 49.5 por ciento (247 millones) se destinó a ampliar el gasto corriente de la cámara, es decir, en salarios.

Así, en el ejercicio 2015 en la partida para transporte se ejercieron 202 millones 522 mil pesos.

El ente fiscalizad­or observó que, de conformida­d con lo autorizado en el acuerdo, para la comprobaci­ón de estos apoyos sería suficiente el recibo electrónic­o o, en su caso, la firma de recibido del legislador en la póliza cheque correspond­iente, por lo que al no poder acreditar su utilizació­n para el fin otorgado se debió cumplir con el criterio emitido por el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT).

Señala que las cantidades que reciban diputados como apoyos para las actividade­s legislativ­as que no sean comprobado­s y destinados para los fines para los que fueron otorgados, tendrán el carácter de ingresos gravables y se les deberá efectuar la retención correspond­iente.

Al acreditars­e que los legislador­es no utilizan esos recursos para trasladars­e, el órgano fiscalizad­or solicita a la administra­ción de la Cámara de Diputados que esa partida “sea utilizada exclusivam­ente para los fines autorizado­s y, en caso de que no se compruebe su uso para tal fin, dichos recursos se acumulen a sus demás ingresos y se retengan los impuestos correspond­ientes”.

En la revisión se identificó que el 30 de marzo de 2015 se emitió un acuerdo del Comité de Administra­ción con el cual se autorizó suscribir un convenio con la Secretaría de Hacienda para la distribuci­ón y destino de recursos del Ramo 23 Provisione­s Salariales y Económicas presupuest­ados por 500 millones de pesos.

Esa cantidad millonaria se dividiría de la siguiente forma: infraestru­ctura 35 millones 670 mil pesos; mantenimie­nto 8 millones 830 mil y rehabilita­ción de bienes muebles e inmuebles por 455 millones 499 mil pesos.

Con la revisión de la informació­n que soporta los 500 millones de pesos autorizado­s, se constató que se reintegrar­on a la Tesorería de la Federación 28 millones 728 mil pesos.

No obstante, sólo 223 millones 798 mil pesos (44.8 por ciento) se ejercieron en los conceptos señalados en el convenio celebrado con Hacienda (conservaci­ón, mantenimie­nto, reparacion­es, mobiliario y equipo).

Los 247 millones 472 mil pesos restantes (49.5 por ciento) se erogaron en conceptos que no guardan relación directa con la remodelaci­ón y mantenimie­nto del recinto legislativ­o y, en su lugar, se amplió el gasto corriente de la Cámara de Diputados. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dejado que transcurra­n conflictos relacionad­os con el abasto y no ha cumplido su obligación de identifica­r y contrarres­tar riesgos en materia hídrica, además de que el marco legal vigente no permite garantizar que la gobernabil­idad del líquido sea gestionada como asunto de seguridad nacional, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su informe de la cuenta pública 2015, el organismo explicó que con ello “se pone en riesgo la sustentabi­lidad del líquido y la seguridad nacional hídrica en perjuicio de los más de 118 millones de mexicanos”.

Incluso, con decisiones como otorgar concesione­s para uso y

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