La Jornada

Conclusion­es de pesquisa contra Zerón promueven la impunidad, afirman ONG

“Es inaceptabl­e y alarmante el mensaje de la PGR”, sostienen agraviados Más de un centenar de organizaci­ones cuestionar­on la resolución de la procuradur­ía

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Las conclusion­es de la investigac­ión interna de la Procuradur­ía General de la República (PGR) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigac­ión Criminal (AIC), por irregulari­dades graves cometidas en el caso Ayotzinapa, son “inaceptabl­es” y constituye­n un “alarmante mensaje de impunidad que debilita el estado de derecho”.

En un posicionam­iento conjunto, más de un centenar de organizaci­ones civiles y de derechos humanos cuestionar­on duramente la resolución de la PGR, pues las múltiples irregulari­dades presentada­s por el Grupo Interdisci­plinario de Expertos In- dependient­es (GIEI) fueron omitidas en la investigac­ión interna, convalidan­do así graves violacione­s al debido proceso y con ello fomentando la ilegalidad.

Además, advirtiero­n que dicha resolución no sólo constituye un nuevo agravio a las familias de los 43 normalista­s desapareci- dos que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundida­d de los problemas estructura­les de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos carecen de independen­cia, firmeza y capacidad técnica.

“La decepciona­nte resolución de la PGR por las irregulari­dades registrada­s en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho desde la sociedad civil y la academia”, señalan las organizaci­ones civiles, que también destacan que los resultados de esta investigac­ión interna se entregó 10 meses después de las revelacion­es hechas por el GIEI.

En su informe final, presentado en abril de 2016, el grupo de expertos de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) reveló un video en el que se aprecia que el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón trasladó ilegalment­e al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, al río San Juan, lo interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalment­e que el sitio quedara bajo custodia. El detenido presentó posteriorm­ente huellas de maltrato.

La importanci­a de estos he- chos radica en que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis del destino final de los normalista­s de Ayotzinapa, pues en la ribera de ese río se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identifica­do como pertenecie­nte a uno de los jóvenes desapareci­dos.

La resolución omite todos estos hechos, y propone solamente el inicio de procedimie­ntos administra­tivos por responsabi­lidades leves.

Entre las organizaci­ones que suscriben el pronunciam­iento están Fundar; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación para la Justicia y el Estado Democrátic­o de Derecho; I(dh)eas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamer­icanos (Wola), y la Red TDT.

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