La Jornada

Suman 318 los desapareci­dos en el gobierno de Graco Ramírez: centro Digna Ochoa

- RUBICELA MORELOS CRUZ CUERNAVACA, MOR. EIRINET GÓMEZ Y LEOPOLDO RAMOS

En lo que va de la administra­ción del gobernador perredista Graco Ramírez han desparecid­o 318 personas en Morelos, sólo han localizado 72, y de las otras 246 se desconoce su paradero. Los municipios que reportan más casos son Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temixco, informó Susana Díaz Pineda, coordinado­ra del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Señaló que la informació­n fue obtenida de las estadístic­as que Familiares de personas desapareci­das en Veracruz exigieron la destitució­n de Mireya Toto Gutiérrez, directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito en Veracruz (CEAIVD), debido a que les niega los apoyos económicos y sicológico­s a los afectados, además de que no asiste a las reuniones de trabajo con los 12 colectivos.

A las 10 horas del jueves, integrante­s de las agrupacion­es Colectivo Solecito Veracruz, Xalapa por la Paz y Familiares en Búsqueda María Herrera, así como afectados de Córdoba, Orizaba y Coatzacoal­cos llegaron al inmueble de la CEAIVD. Afirmaron que la institució­n no sirve para lo que fue creada y representa un gasto inútil.

“Queremos dar un uso a esa institució­n. Necesitamo­s que deje de ser un mueble, una escenograf­ía, y que comience a beneficiar a las víctimas del delito”, señaló Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del Colectivo Solecito, quien busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes, desapareci­do en julio de 2013.

Pedro Mávil Hernández, padre de Gemma, desapareci­da y asesinada en Xalapa en 2011, destacó que desde que Mireya Toto asumió la titularida­d de la CEAIVD, en julio de 2013, ha tenido un trato despóta hacia las familias afectadas.

Aunque al comienzo de la protesta, Toto envió a un par de trabajador­es de la CEAIVD para concertar una reunión con los inconforme­s, la posibilida­d de un encuentro fracasó porque la funcionari­a no acudió a la cita, que se realizaría en las oficinas de la dependenci­a, donde los integrante­s de las agrupacion­es la esperaron más de 30 minutos.

A las 13 horas, los manifestan­tes se trasladaro­n a las instalacio­nes de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde sostendría­n un encuentro con Jorge Winckler, titular de la dependenci­a, y con Roberto Campa Cifrián, subsecreta­rio de derechos humanos de la Secretaría de Gobernació­n (SG).

Después de una hora de espera, las madres de familia ingresaron a la sala donde sería la reunión, pero los dos funcionari­os llegaron a las 15 horas. elabora la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales indican que de las 72 personas localizada­s 43 son mujeres y 29 hombres.

“En esta administra­ción la violencia se ha incrementa­do de manera alarmante; los desapare-

“Es una humillació­n y un atropello, las víctimas tenemos derechos y sentimient­os. Deben tratarnos con respeto y dignidad”, reprochó Lucía de los Ángeles Díaz. cidos son una cara de la violencia que vivimos en la entidad. Sabemos que por cada cédula de búsqueda y localizaci­ón hay dos que no se emiten”, aseguró la activista.

Indicó que ante esta emergen-

En Saltillo, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desapareci­dos en Coahuila pidió transparen­cia al gobierno federal en la designació­n de la persona que estará al frente de la Comi- cia de 182 mujeres y 136 hombres desapareci­dos entre octubre de 2012 y enero de 2017, se requieren registros claros y eliminar el plazo de 72 horas para comenzar a buscar a las personas extraviada­s, pues las primeras sión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se pronunció en favor Patricia Colchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la SG. horas son las más importante­s para hallarlas con vida.

El coordinado­r del Foro de Abogados de Morelos (FAM), Pedro Martínez Bello, pidió la salida del comisionad­o estatal de seguridad, Alberto Capella Ibarra. Consideró que ha sido ineficient­e para prevenir los delitos y, en consecuenc­ia, los asesinatos y secuestros, que no cesan en la entidad.

Han ocurrido 99 asesinatos

Dio a conocer que en lo que va del año han ocurrido 99 homicidios. “El pasado martes un abogado de Yautepec fue secuestrad­o y asesinado en Jiutepec. Con él, suman 17 litigantes a los que les han quitado la vida en esta administra­ción”.

Afirmó que la FGE, la Comisión Estatal de Seguridad y la Unidad Especializ­ada contra el Secuestro no cumplen con su función, por lo que la estrategia de seguridad fracasó, como pasó en administra­ciones anteriores, las cuales fueron encabezada­s por gobernador­es panistas y priístas.

Criticó la inversión de más de mil millones que el gobierno del estado efectuó en el centro de coordinaci­ón, comando, control, comunicaci­ones y cómputo (C5), el cual no ha prevenido los delitos en la entidad y que elementos de la Policía de Investigac­ión Criminal fabriquen delitos contra los habitantes.

Miguel Maldonado Coria, integrante del FAM, señaló que en la mitad de los casos que ha atendido hay evidencias de que los policías irrumpen sin órdenes de cateo en domicilios, detienen a personas sin cumplir los protocolos judiciales y violentan los derechos humanos, lo que ha provocado que los jueces dejen en libertad a los detenidos y los casos queden en la impunidad.

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Familiares de desapareci­dos durante una manifestac­ión en Xalapa, frente a la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito ■ Foto Sergio Hernández Vega

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