Exige Senado a SCT datos detallados sobre la liquidación de Ferronales
Demanda saber qué activos de la empresa se han donado
Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) consideraron que “es una burla para los mexicanos” la reducción de sólo 2 centavos por litro al precio de las gasolinas –ya que debió bajar más de un peso– y exigieron al gobierno federal que aclare cómo determina el costo final de los combustibles.
“Hay que dejar bien claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto no nos está haciendo un favor a los mexicanos. La gasolina Magna debió disminuir 1.17 pesos y la Premium 1.89 pesos”, advirtió el senador perredista Mario Delgado.
Fue –insistió– “una decisión ridícula de la Secretaría de Hacienda”, ya que “si la caída que ha tenido el precio internacional de la gasolina desde el inicio de año se reflejara en el precio en México, la Magna debió ubicarse en 14.72 y la Premium en 15.90 pesos”.
En entrevista aparte, los senadores panistas Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks exigieron que los titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos expliquen con claridad cómo se determinan los precios máximos de las gasolinas en cada uno de los municipios del país y a qué factores obedecen.
Mientras, la dirigencia nacional del PRD consideró que con la decisión del gobierno federal de El Senado demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe detallado sobre el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), ya que la dependencia reservó la información por 10 años cuando estalló el escándalo por los desfalcos del dirigente del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, quien ha descontado por cuotas indebidas 600 millones de pesos a los 30 mil jubilados del gremio.
Se demanda asimismo informar qué activos remanentes de Ferronales se han donado a la fecha y quiénes son los beneficiarios.
En el dictamen, aprobado en la sesión del jueves y remitido a la SCT, se advierte que es indispensable una mayor transparencia del proceso de liquidación de la ex paraestatal, para conocer con precisión el destino de esos recursos públicos involucrados, información que desde el 2015 se ha negado al Congreso.
“Es importante conocer esa información, porque la intención es a tratar de mantener en total opacidad el gran negocio con la privatización de Ferronales y los malos manejos con los recursos de pensiones y de seguridad social de los trabajadores en retiro”, comentó la senadora del PRD Dolores Padierna, autora del punto de acuerdo, avalado por el pleno.
La legisladora argumentó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y las autoridades de la SCT han permitido que un membrete, como es el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (Stfrm), con Víctor Flores a la cabeza, asumiera la representación de los jubilados, pese a que la relación laboral se extinguió con la liquidación de Ferronales, en julio de 2001.
En esos 16 años la autoridad les ha retenido a los jubilados parte de sus pensiones, para entregar cuotas por cerca de 37 millones de pesos anuales a Flores, quien acumuló hasta la fecha más de 600 millones de pesos por ese concepto, mismo que depositó en un fideicomiso que él administra. Además, les hacía otros descuentos a los ferrocarrileros retirados, entre ellos para un seguro de retiro, que nunca entregó a las viudas, pero por el que obtenía un millón 500 mil pesos al año.
En marzo de 2015, los jubilados obtuvieron un amparo del sexto tribunal colegiado en materia del trabajo, del primer circuito, para suspender el descuento de las cuotas a sus pensiones. Tres meses después el SAE decidió reservar por 10 años la información sobre el proceso de liquidación, que antes hacía llegar semestralmente al Congreso.
Se requiere asimismo que se informe de la donación de los activos remanentes de Ferronales, entre ellos las casas habitación y terrenos que están en posesión legítima de jubilados o pensionados, en su caso, de sus sucesores y de otros activos que se decidió ceder a instituciones públicas y asociaciones privadas, sin fines de lucro.