Debate Corte constitucionalidad de la ley sobre uso de la fuerza en Edomex

Nunca puede ser la primera opción de los agentes: ministro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará a partir del lunes un proyecto de sentencia que declara inconstitucional el artículo 40 de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México, porque tal precepto en un principio reconoce que se trata del último recurso, pero inmediatamente indica que podrá emplearse “como primera opción”, lo cual vulnera derechos fundamentales.

En el proyecto que elaboró el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual será analizado en el pleno de la Corte, se menciona que “el uso de la fuerza bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del hombre, puede considerarse como la primera opción a la que recurran los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones”.

Este estudio se analizará como parte de las consideraciones que la SCJN tendrá con respecto a la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, que fueron presentadas por integrantes del Congreso del estado de México, con la finalidad de que la Corte revise la legislación aprobada por ellos en la que se regula el uso de la fuerza en casos de protestas sociales, la cual ha sido llamada por grupos civiles Ley Atenco.

En la propuesta se plantea sobreseer la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados del estado de México en contra de la misma norma, porque los promoventes constituyen una mayoría parlamentaria (68 por ciento de los integrantes de ese cuerpo legislativo) y tienen la facultad para derogar, modificar o reformar la norma impugnada.

Asimismo, el ministro Pérez Dayán propone admitir y comenzar la discusión de fondo de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los presidentes de las comisiones de los Derechos Humanos Nacional y del Estado de México, las cuales se oponen a la aplicación de la Ley Atenco.

En ese contexto, el ministro ponente considera que las normas aprobadas por los legisladores mexiquenses “podrían adolecer (sic) de la claridad necesaria para que los gobernados puedan comprender el contenido de la legislación y eviten, en la medida de lo posible, ser sujetos del uso de la fuerza pública por parte de los elementos de seguridad pública”.