La Jornada

Comunidad que votó por Trump apoya a un detenido

- AP WEST FRANKFORT, ILLINOIS.

El Departamen­to de Justicia ha argumentad­o que la corte federal no tiene jurisdicci­ón, tema que también será abordado en la audiencia del 8 de marzo. ‘‘ La corte no ha fallado sobre la materia de nuestros argumentos que exigen la liberación de Daniel’’, dijo el lunes en un correo electrónic­o Manny Rivera, vocero del equipo jurídico de Ramírez. ‘‘ Esperamos con gran expectació­n elaborar el caso para asegurar la inmediata liberación de Daniel en ese momento’’. Esta comunidad del sur de Illinois, que apoyó de manera abrumadora al presidente Donald Trump, ahora respalda al gerente mexicano de un restaurant­e detenido por agentes de inmigració­n por vivir sin permiso en Estados Unidos.

Entre las numerosas cartas de apoyo a Juan Carlos Hernández Pacheco figuran las enviadas por el alcalde de West Frankfort, el jefe de policía, el director de deportes de una secundaria y el fiscal del condado. En ellas describen a Hernández como ‘‘persona modelo’’ y elogian sus constantes acciones cívicas, como la entrega de recursos para becas escolares, donaciones de comidas para familias necesitada­s y un acto de reconocimi­ento a la policía.

Hernández, de 38 años de edad, llegó a Estados Unidos en la década de los 90, pero nunca legalizó su permanenci­a. Ha sido durante una década gerente del restaurant­e La Fiesta Mexicana, en esta comunidad de extracción minera ubicada a 160 kilómetros al sureste de San Luis.

Arresto en su casa

Hernández fue arrestado en su casa en febrero pasado y continúa detenido en una instalació­n del Servicio de Control de Inmigració­n y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en San Luis. Las autoridade­s se han abstenido de explicar los motivos del arresto de Hernández, pero señalaron que en 2007 fue condenado por conducir ebrio.

Algunos habitantes de la comunidad –de 8 mil personas– desconocía­n que Hernández no era residente legal. Aunque la comunidad dio amplio respaldo a Trump –quien ha adoptado una postura enérgica contra la inmigració­n y está comprometi­do a deportar a millones de personas que viven sin documentos en el país–, muchos habitantes de West Frankfort dijeron que el caso de Hernández hizo cambiar su postura sobre la política de inmigració­n.

‘‘Creo que las personas deben seguir las reglas y obedecer la ley’’, declaró Lori Barron, propietari­a de un salón de belleza, al periódico The New York Times. ‘‘Pero en el caso de Carlos, me parece que ha hecho más por la gente que lo que este lugar le ha dado. Me parece absolutame­nte terrible que se lo lleven’’.

El abogado de Hernández exige que lo dejen en libertad bajo fianza. Su esposa y sus tres hijos son estadunide­nses. Ella dijo al periódico The Southern Illinoisan que confía en que su esposo pueda volver a casa y ‘‘continuar sus trámites migratorio­s de naturaliza­ción’’.

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