Familia de empresarios víctima de la dictadura argentina aún espera justicia
Cuarenta años después de la historia de terror vivida por la familia Iaccarino, empresarios secuestrados durante la pasada dictadura militar, la impunidad sigue reinando a pesar de todas las pruebas que los hermanos Carlos y Alejandro han logrado reconstruir con un trabajo único, y ahora la justicia está cada vez más lejana, dice el premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, durante una entrevista con La Jornada en la que exige “justicia ya”.
Pérez Esquivel considera que mientras la vida se les escapa a los hermanos, no se ha reparado el daño que destruyó a esa familia de empresarios y a la esperanza de un sueño de “economía social” que incorporó a sectores excluidos y creó una posibilidad de mayor justicia.
Para Pérez Esquivel la no reparación en este caso es debido a que existen intereses poderosos, gente que se quedó con todo lo que les robaron, campos e industrias. “Es mucho dinero ahora y esos sectores que se apoderaron mediante los secuestros y las torturas aplicadas a estos empresarios para obligarlos a firmar la venta de sus propiedades, como sucede en el caso de Papel Prensa, están blindados otra vez y muchos están en el poder ahora”.
También víctima sobreviviente de la dictadura, Pérez Esquivel compartió en algún momento una celda con los hermanos Iaccarino en la Unidad 9 de La Plata, y recuerda el “calvario” que vivieron éstos. “Puedo decir que fue de una crueldad incomparable, tratando de doblegar la dignidad humana de estas víctimas”.
Los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejando Iaccarino, y sus padres Dora Emma Venturino y Rodolfo Genaro Iaccarino, fueron el primer grupo de empresarios secuestrados durante la pasada dictadura, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de Valores de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció aquí el 5 de septiembre de 2013. Los habían incluido en una lista de subversivos.
Alejandro Iaccarino, hombre de admirable serenidad y voluntad para reconstruir día por día los sucesos de entonces, relató a La Jornada esta historia que después de tantos años encontró el primer camino a una justicia necesaria, a partir de los juicios que comenzaron en el gobierno anterior.
Contra viento y marea formaron con cooperativistas una cuenca lechera en el noroeste argentino. La historia de estos logros sociales es muy larga, tanto como los sueños de estos hombres, entonces jóvenes, cultos, entregados al trabajo y la educación, católicos enrolados en la Iglesia por los pobres, desafiando como una especie de quijotes modernos a los poderosos. Eran amigos del padre Carlos Mugica, asesinado por la Triple Aen 1974 en Buenos Aires, y de monseñor Paulo Evaristo Arns, de Brasil.
Cuando cerraron el primer balance de su Industria Láctea Santiagueña, el 31 de diciembre de 1975, lo que significó un avance en esa zona para toda la población, comenzó la persecución directa bajo la dirección del ex policía Antonio Musa Azar, condenado por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero.
El día del golpe, 24 de marzo de 1976, por orden de la intervención militar en Santiago, se apoderaron del avión privado de los Iaccarino. El 12 de abril el Banco Provincia de Buenos Aires les pasó “todos los créditos con vencimientos escalonados a descubierto en cuenta corriente”, según se puede leer en ese cuaderno de bitácora que escribieron los hermanos. Allí cuentan: “Debimos malvender propieda- des, vehículos y recurrir a gente conocida, pues ya estábamos en la lista negra en todos lados”.
El 4 de noviembre de 1976 la familia fue secuestrada en dos operativos simultáneos en aquella provincia y Buenos Aires.
La historia de los Iaccarino, los detenidos que más centros de detención y exterminio recorrieron y cuyo mapa trazaron para ayudar a otras víctimas, es la historia de quienes sobrevivieron para hablar de la tragedia y la rapiña que sufrieron.
Ahora siguen luchando por la reparación, cuando ya han muerto el padre, la madre, el hermano Rodolfo, que no pudo soportar las amenazas que sufrieron y siguen sufriendo, porque quienes les robaron los bienes no están dispuestos a devolver nada.
Alejandro ha sido amenazado varias veces, por lo que debieron ponerle custodia de gendarmería, mientras quedan impunes no sólo militares y policías, sino aquellos empresarios y jueces que se prestaron a cometer este crimen que acabó con una familia y con un proyecto con el que Alejandro aún sueña para terminar con la injusticia y la desigualdad.