En sesión accidentada, otorgan a Construlita concesión del alumbrado en Hermosillo
El ayuntamiento de Hermosillo aprobó este lunes a puerta cerrada entregar la concesión de alumbrado público, su modernización y mantenimiento al grupo Construlita, en una sesión ordinaria accidentada, resguardada por policías municipales que impidieron a manifestantes entrar al salón de cabildo.
Por 16 votos en favor y seis en contra, se aprobó el dictamen técnico, financiero, legal y administrativo para la concesión del servicio de alumbrado que dará validez a la licitación nacional elaborada en últimos meses.
“Hermosillo necesita ser iluminado, no tengo argumentos para votar en contra”, declaró la regido- ra panista Diana Karina Barreras –quien fue acusada de traición por los dirigentes de su partido– al realizar su voto, mientras sus cuatro compañeros de bancada se opusieron, por considerar que Hermosillo no debe endeudarse 15 años por una privatización.
Ante la sala de cabildo, decenas de manifestantes se enfrentaron con policías municipales que acordonaron las entradas a la alcaldía para evitar que protestaran contra la concesión. Entre los opositores se distinguió al diri- gente estatal del PAN, David Galván Cázares; a la secretaria general panista, Alejandra López Noriega; al diputado federal Agustín Rodríguez Blanco, así como a líderes sociales y miembros del movimiento No al Gasolinazo.
El edil de Hermosillo, Manuel Maloro Acosta, aseguró que la concesión mejorará la seguridad de la ciudad, además no se comprometerán los ingresos del ayuntamiento, sólo el derecho de alumbrado, que la Comisión Federal de Electricidad cobra cada mes.
El presidente de la Unión de Usuarios de Sonora, Ignacio Peinado Luna, lamentó que entre las cláusulas de la licitación del servicio de alumbrado, el ayuntamiento pusiera como garantía de pago a la empresa ganadora los recursos del traslado de dominio y el impuesto predial, que representan ingresos propios del municipio.
Tras la sesión de cabildo, PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron que presentarán procesos jurídicos a fin de impugnar el contrato que privatiza las luminarias.