Focos rojos a 40 días de que venza el plazo para entregar información de transparencia
El cumplimiento de obligaciones aumentó de 17 a 48 ramos e incide en el proceso
A pesar de una prórroga de seis meses aprobada por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el cumplimiento de los sujetos obligados nacionales, tanto estatales como municipales, avanza muy lento. Aun cuando el plazo vence en mayo, se han encendido focos rojos para lograr el objetivo.
El incremento de obligaciones de información que deben transparentarse –de 17 ramos pasó a 48– y la necesidad de que se homologue la forma de presentación de los datos, han incidido en el proceso.
La fase operativa de las reformas en materia de transparencia –que buscan hacer más accesible la información de los entes que reciben recursos públicos–, así como la incorporación de nuevos sujetos obligados, como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, han convertido la construcción del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) en una ‘‘compleja transición’’ del modelo vigente a la homogeneidad que se pretende para hacerlo amigable a quienes consulten la información.
Desde la perspectiva de los sujetos obligados, en el suministro de información a la Plataforma Nacional de Transparencia del Sipot, los formatos son complejos, laboriosos e implican recapturar todos los datos que ya se encuentran disponibles, como parte de las obligaciones básicas que anteriormente se tenían.
Esto ha llevado mucha presión a instancias como los partidos políticos, los cuales no están acostumbrados a transparentar su información, en tanto que no eran sujetos obligados. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instancia coordinadora de los esfuerzos del SNT, la ineludible carga de trabajo proviene de una legislación que establece como nueva política de transparencia –obligatoria para los tres niveles de gobierno, organismos autónomos y los tres poderes– difundir la información en formatos específicos que permitan, al momento de consultar los portales, que haya homogeneidad y accesibilidad para superar la dispersión y complejidad actuales.
El crecimiento de las obligaciones generales (de 17 a 48, y en algunos casos más), además del incremento de sujetos obligados –en el caso federal suman 850, en tanto que a nivel nacional son más de 8 mil– han complicado este proceso de suministro de información.
Para agilizar esta etapa se han intensificado los contactos entre el Sistema Nacional de Transparencia –vía Inai– y los sujetos obligados, para facilitar la reformulación de los datos, tanto bajo los nuevos formatos como para el cumplimiento de las actuales obligaciones.
Aun cuando faltan poco más de 40 días hábiles para cumplir el nuevo plazo (4 de mayo), el comisionado Óscar Guerra reconoció: ‘‘Hay focos rojos, no amarillos, por lo que se refiere a poder subir la información de las obligaciones de transparencia dentro de los formatos aprobados’’.
Entre algunas acciones que se han instrumentado para alcanzar el objetivo está la coordinación con la Secretaría de la Función Pública para adecuar sistemas que ya se tienen con mucha información, como Compranet o Declaranet, para trasladarlos al Sipot sin tener que recapturar toda la información disponible.
El IBD anota que en el Ramo 33 (aportaciones federales) la mayor variación se observa en el Fondo para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (Fono), con un aumento de 12 mil 835.9 millones de pesos, equivalente a 0.4.por ciento.
En el estudio se indica que los estados que presentan una caída en el gasto federalizado son: Campeche (7.9 por ciento), Guerrero (2.8), Zacatecas (0.8), Nayarit (0.7) y Tabasco (0.5 por ciento) en términos reales. El resto de los estados tendrán un aumento presupuestal; entre ellos destacan: Quintana Roo (8.5 por ciento), Chihuahua (5.7), Jalisco (4.7), Guanajuato (4.5) y Nuevo León (4.5 por ciento).
Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez hace notar que los programas específicos y de subsidios que el gobierno federal ejercerá en las entidades federativas tuvieron una reducción de 34 mil 834.6 millones de pesos, equivalentes a 14.6 por ciento menos respecto del año pasado.
Sobre programas y proyectos de inversión refiere que los recursos cayeron 120 mil 868 millones 800 mil pesos, equivalentes a 28.3 por ciento en términos reales, casi una tercera parte menos que en 2016.