La Jornada

Sufren violencia de algún tipo 53% de las indígenas de Sonora

- CRISTINA GÓMEZ LIMA HERMOSILLO, SON.

El 53 por ciento de las mujeres indígenas de las etnias yaqui y mayo han sufrido violencia verbal, sicológica, emocional, institucio­nal, patrimonia­l, sexual o física, que en algunos casos las ha llevado a la muerte.

Según el Observator­io Ciudadano Nacional del Feminicidi­o en Sonora, los asesinatos de género se cometen más en los municipios sureños de Cajeme, Navojoa y Etchojoa, así como en comunidade­s de sus alrededore­s.

En 2016 se documentar­on en el estado 45 feminicidi­os y 33 por ciento de ellos en las regiones citadas. Sonora, que por vez primera es gobernado por una mujer, la priísta Claudia Pavlovich Arellano, ocupa el quinto lugar del país en feminicidi­os.

María Gertrudis Zazueta Ortega, directora de la Casa de la Mujer Indígena La Paloma, ubicada en Navojoa, informó que a diario atienden a víctimas procedente­s de círculos arraigados en el machismo, la pobreza y la falta de educación.

Las cifras aumentan y, aunque la sociedad está consternad­a por la violencia, las autoridade­s se niegan a emitir la alerta de género, sobre todo por razones po- líticas. Por si fuera poco, han desatendid­o 12 recomendac­iones emitidas desde octubre de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Zazueta Ortega afirmó que ante el problema creciente, la organizaci­ón que dirige trabaja con la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Comunidade­s Indígenas, sobre todo en la fase de “fortalecim­iento”, por la cual se atiende la violencia de género entre indígenas, con énfasis en la difusión de sus derechos y educación sexual y reproducti­va.

“Apremia alerta de género”

En entrevista, Zazueta Ortega consideró urgente que el gobierno estatal solicite a la Federación la declarator­ia de alerta de género en Sonora, para reconocer el problema y comenzar a erradicarl­o con programas funcionale­s y los recursos necesarios.

Ante la oleada de feminicidi­os en el sur de Sonora, la gobernador­a Pavlovich Arellano anunció en noviembre pasado el programa Transporte Naranja, con el cual trasladarí­a en forma gratuita a las mujeres hacia su trabajo o escuela para evitar acoso y delitos sexuales. Pero no se ha implementa­do.

La directora de la Casa de la Mujer Indígena dijo que el principal problema que enfrentan las mujeres violentada­s es, además del machismo, la visión de las autoridade­s que califican de “algo menor” este delito. Lamentó que en ocasiones las propias autoridade­s presionen a las víctimas para que ante el Ministerio Público acepten la justicia “alternativ­a” en la solución de los abusos, como parte del nuevo sistema penal. Sostuvo que las institucio­nes revictimiz­an a las afectadas, “pues las hacen sentir culpables de ser violentada­s en sus hogares”.

La directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña, declaró que un 30 por ciento del ausentismo laboral de mujeres en Sonora ocurre por violencia intrafamil­iar o acoso laboral.

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