Comisión de atención a víctimas impide que se repare el daño a afectados en caso Iguala
Exigen aprobar ley en contra de la tortura Omisiones al resolver en favor de integrantes del equipo de futbol Los Avispones
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha retrasado y obstruido persistentemente los procedimientos para la reparación integral del daño a las víctimas del equipo de futbol Los Avispones, en el caso Iguala, quienes han interpuesto al menos 26 amparos en contra de las omisiones cometidas por el organismo federal.
Incluso, en varios casos donde la justicia federal ha dado la razón a los quejosos, la CEAV ha promovido la revisión de las sentencias, y en otros ha retrasado u omitido la resolución de los expedientes y su aprobación en el pleno, requisitos indispensables para acceder a la reparación del Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil calificaron de “injustificable” la demora de más de un año del Congreso para aprobar la ley general contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
Exhortaron a los legisladores a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley –cuya minuta del Senado la tiene ahora la Cámara de Diputados para su revisión–, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.
En un pronunciamiento, las organizaciones destacaron el reciente informe de seguimiento del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, que también reitera la urgencia de contar con esta ley, cuyo plazo constitucional de aprobación venció en enero de 2016.
Además, se refirió que dicho informe de seguimiento, presentado el fin de semana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, el relator Nils Melzer concluyó que la tortura sigue siendo una “práctica generalizada” en México.
El documento precisa que la tortura “es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo”, e incluye “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura sicológica”.
Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento y la exigencia de que el Congreso actúe con urgencia para aprobar la ley se encuentran los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Paso del Norte y Zeferino Ladrillero, además del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. daño y la indemnización establecida en la ley.
Si bien en octubre pasado –a más de dos años de los hechos en que fueron atacados normalistas de Ayotzinapa– la comisión informó haber aprobado la reparación integral de 14 víctimas del equipo de futbol, originario de Chilpancingo, Guerrero, la mitad de ellas se debió a que dos meses antes habían ganado el amparo con el expediente 1167/2016, que incluía a 12 familias del grupo de Los Avispones.
Sin embargo, en contra de dicha sentencia la CEAV promovió una revisión, la cual corresponde conocer al duodécimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual tiene más de cinco meses y medio sin resolver, pese a que la ley le ordena un plazo de 90 días.
Pero desde el 25 de agosto de 2016 la misma comisión no ha hecho esfuerzo alguno por resolver los expedientes de las cinco familias de quejosos en este amparo que faltan por ser indemnizadas.
Los jugadores de este equipo de futbol fueron agredidos y su autobús baleado la misma noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en que desaparecieron los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En el ataque fallecieron el jugador David Josué García Evangelista, de apenas 15 años, y el conduc- En el contexto del Día Internacional de la Mujer, senadoras y académicas exigieron se haga justicia en un caso que es “un paradigma de impunidad y múltiple violación a derechos humanos”: el de una indígena tzotzil, de 33 años, con síndrome de Down, madre de una niña de 10 años, producto de una violación, que heredó esa enfermedad.
Ambas habitan una choza en los Altos de Chiapas, y ni la madre ni la niña de 10 años aprendieron a hablar y dependen de sus familiares, dos ancianos enfermos que presentaron una demanda penal por la violación que sufrió la primera, pero sin éxito, ya que el agresor sigue impune.
Silvia González Quintero, responsable del Laboratorio de Derechos Humanos, Cultura de la Legalidad y la Paz, de la UNAM, resaltó que “Ana”, como se decidió llamar a la indígena –para evitar revictimizarla– ha sufrido violencia sexual e institucional. A los 18 años fue violada por un familiar –mientras sus padres estaban fuera, en la siembra– y resultó embarazada.
Explicó que Ana salió por primera vez del jacal en que nació, en el municipio de Huitán, para tor de la unidad, además de que resultaron heridos varios jóvenes, algunos de ellos muy graves. En el caso del menor fallecido, la indemnización se dio en diciembre de 2015, más de un año después de los hechos.
En otro caso, sólo por citar el más reciente, tras una sentencia favorable del 19 de enero pasado, la CEAV también promovió la revisión del amparo 1887/2016, ganado por el quejoso Leonel Fonz Noyola, quien recibió un impacto de bala, la cual le rozó el cráneo en la parte occipital, pero no salió beneficiado en la resolución de octubre pasado, en la cual supuestamente se pretendía reparar a todas las víctimas lesionadas de Los Avispones.
Muchas de estas omisiones y de la promoción de revisiones en los amparos que le han sido adversos se dieron en la gestión de Jaime Rochín del Rincón como comisionado presidente de la CEAV, cargo al que lo volvió a proponer el presidente Enrique Peña Nieto para un periodo de tres años y que este jueves deberá resolver el Senado.
En contraste con esta enorme dilación, el pleno de la comisión resolvió en tan sólo 10 días la indemnización en el caso de los homicidios de militares ocurridos en Sinaloa el 30 de septiembre de 2016, en donde se habla de la intervención de la Secretaría de Gobernación para acelerar dichos procedimientos.