Senadoras demandan justicia para una indígena tzotzil que fue violada
Impunidad en el caso de que padece síndrome de Down
ir al médico y, pese a que reunía los requisitos para someterse a un aborto –su vida corría peligro, pues padece una discapacidad severa y fue violada–, le fue negado ese derecho. Seis meses después estuvo a punto de morir, ya que sufrió un aborto espontáneo.
La académica hizo notar que pese a regirse por usos y costumbres, la mamá de Ana presentó una denuncia penal contra el agresor sexual. La joven fue sometida a prácticas, “que deben llamarse torturas”, para comprobar que fue violentada. Aunque se giró una orden de aprehensión contra el violador, nunca fue localizado por las autoridades judiciales de Chiapas.
Dos años después regresó al poblado y volvió a violar a Ana, quién resultó otra vez embarazada y tuvo una niña también con síndrome de Down. La historia de impunidad dio inicio el 7 de enero de 2003, cuando se presentó la demanda, y cerró 12 años después, al prescribir el delito.
La procuraduría cerró los expedientes y la queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tomó el caso por oficio.
Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del Senado, Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, lamentaron que en esos más de 12 años intervinieran más de 60 servidores públicos de Chiapas, que sólo se dedicaron a mandar oficios.
Las legisladoras exigieron reparar el daño.