Los becados no reciben menos fondos, asegura el Conacyt
Comunidades de Coahuila prevén daños irreparables La empresa Sociedad Ecológica viola un fallo judicial y opera basurero de tóxicos
El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero Mendoza, aseguró que “no hay estudiante becado por la institución en el extranjero que vea disminuido el monto de su beca”. Tampoco, agregó, de los becarios nacionales, pese a las reducciones presupuestales. Incluso, enfatizó, hay un incremento de más de 4 por ciento a dichos recursos para 2017.
Sin embargo, el funcionario federal reconoció que los ingresos asignados a cada beca permiten que los alumnos “libren sus gastos de manera nada holgada. De eso somos conscientes, pero los aumentos a los montos se vienen dando como siempre”.
En entrevista, luego de clausurar los trabajos del Seminario académico internacional: explorando tecnologías de punta para el combate de la pobreza en México, reconoció que si bien los recortes presupuestales y la devaluación del peso frente al dólar afectan los recursos del organismo, “nuestras prioridades están claras, los ajustes al valor de la moneda (para becas en el extranjero) los estamos haciendo con la reorganización interna de nuestro presupuesto”.
No disminuirán las becas
Agregó que el número de becas nacionales no van a disminuir ni habrá afectación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pues “estamos manteniéndolo en las condiciones que lo teníamos”; sin embargo, reconoció que los ajustes se están realizando en inversiones en equipamiento e infraestructura científica y tecnológica.
Cabrero Mendoza reconoció que sí cambió, por una reforma constitucional, el que las becas ya no están estimadas en salarios mínimos, sino en unidades de medida y actualización mensuales (UMA), las cuales, dijo, “protegen el ingreso real frente a la inflación”.
Cabe señalar que el monto de la UMA es inferior al del salario mínimo, de poco más de 80 pesos.
En el acto, al que acudió el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, el coordinador del seminario, Bernard Kliksberg, destacó la importancia de emplear las nuevas tecnologías para el combate a la pobreza, pues recordó que al día mueren 16 mil niños por causas prevenibles, 2 mil 600 millones de personas viven sin acceso a instalaciones sanitarias, mil 400 millones no tienen electricidad y al menos 800 millones padecen hambre.
Antes de concluir los trabajos se realizó la entrega del Premio Nacional de Innovación Tecnológica para la Inclusión Social. Pese a que un juez federal concedió a diversas comunidades de Coahuila la suspensión definitiva de la operación de un tiradero de desechos industriales, dicho proyecto comenzó a operar desde finales del año pasado, lo cual significa un acto de abierto desacato a una resolución judicial y un riesgo sanitario para los pobladores, manifestó el colectivo Sí a la Vida.
En conferencia de prensa, los integrantes de dicha organización –formada por agricul- tores, ganaderos y artesanos de los municipios General Cepeda, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe– explicaron que en 2014 comenzaron a organizarse para impedir la instalación de un confinamiento de residuos industriales tóxicos y peligrosos.
El depósito de basura, operado por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte SA de CV, se instaló en terrenos aledaños al ejido Noria de la Sabina, cuyos habitantes afirman que sus tierras, aguas y otros recursos naturales se verán afec- tados por ese proyecto.
Luego de impugnar legalmente la operación del basurero, en octubre de 2016 la sala especializada en materia ambiental y regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una sentencia de medidas cautelares, mediante la cual se concede en definitiva la suspensión solicitada por los habitantes de la región.
En su argumentación, los juzgadores subrayaron: “Se busca la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Además, evitar un daño de imposible reparación”, ya que estaría en riesgo el disfrute de los derechos humanos de toda persona a un medio ambiente sano.
El mes pasado dicha sala del TFJA dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de la autorización de impacto ambiental que le otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa. De esta forma se evidenció que el confinamiento fue construido y opera de forma ilegal.
Imelda Belmares, habitante de una comunidad cercana al basurero, denunció que dicho proyecto “ha venido a robarnos la tranquilidad. Nuestra preocupación es que un día vaya a haber una explosión y se contamine nuestro aire y agua. Están arrojando 300 sustancias químicas diferentes y no sabemos qué reacciones vayan a desencadenar”.